¿Qué hay detrás (o delante) de la urbanización en Lurín?

El Reajuste Integral de Suelo (RIZ) para el distrito de Lurín, propuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para urbanizar el valle de Lurín, privará a los diez millones de habitantes de la urbe de la única área verde que le queda a la ciudad y del único lugar donde todas las familias tienen espacio libre y masivo de arena y mar. Lima es la única capital de América del Sur que mira al mar y ahora se pretende auspiciar edificaciones que negarán esa vista en lo poco que queda, además de terminar con la oferta agrícola de calidad que consumen los restaurantes de fama y los consumidores cuidadosos de la calidad.

Si hace algunas décadas la opción recreacional de invierno que tenían limeños y chalacos eran Chosica y Santa Eulalia en el Rímac y el camino a Santa Rosa de Quives en el Chillón, ahora solamente le quedan las áreas de Lurín y Pachacamac. Para el verano está la enorme extensión de arena que hay entre los Pantanos de Villa y Santa María del Mar, con tantas y diversas oportunidades y características que abarcan todos los tipos de uso, desde la sopa en botellón hasta el veraneo sin vendedores ambulantes ni carpas o quioscos. Ninguno de los urbanistas metropolitanos actuales se ha planteado estudiar, zonificar y hacer un programa de inversiones en lo que debe ser la gran “Ribera Sur” que aloje a quienes día a día expulsa la Costa Verde.

Solamente la MML propone que desaparezcan definitivamente el verde y el acceso al paisaje marino que se ve desde la carretera, en vez de defenderlos, auspiciarlos e invertir dinero en ellos. Opinan en contra los ministerios de Vivienda, Cultura y Ambiente; Sedapal desmiente el bulo que sin ese RIZ no podrán proporcionar agua a los residentes del otro lado. También opina públicamente en contra la municipalidad de Pachacamac. Cenepred insiste que es una zona con suelo de riesgo (¡Recuerden lo que sucedió con el terremoto de Pisco en Tambo de Mora!); el mapa de tsunamis pone en rojo TODA la costa a la que ahora se le autoriza poner edificios de más de ocho pisos. Se opone a la norma públicamente el regidor que presidió la Comisión de Desarrollo Urbano durante la gestión del alcalde Andrade. El Colegio de Arquitectos también mostró públicamente su oposición desde antes de su reciente aprobación.

Por muchas estas razones, ya desde los años sesenta en el primer PLANDEMET se indicó que el uso tenía que ser “pre urbano”, esto es, con instalaciones recreacionales (el Club de la Marina de Guerra y Campomar “U”, por ejemplo) y no con grandes edificaciones o urbanizaciones como las que una por una y sin llamar la atención pública se aprobaron posteriormente en tiempos de Montesinos y luego con Castañeda. Si no es para ese uso, dichas instalaciones recreacionales “pre urbanas” no hubieran sido aprobadas. Ahora podrían ser usadas para otros menesteres no aconsejables. El lugar es muy importante para toda la ciudad de Lima, pero no para hacer edificios, viviendas, multicentros comerciales y para el negociado urbano.

La historia de la lucha para evitar la destrucción del valle es vieja. Lo peor viene ahora, pues se viene trabajando un nuevo y necesario Plan de Desarrollo Metropolitano al 2040 que sustituirá legalmente a la ordenanza 310 y a su ampliación (ordenanza 1712). Pero no será un plan para los 43 distritos de Lima, sino solamente para 42, ya que de manera apresurada se aprueba el bendito RIZ, una ordenanza “especial” para el distrito que da millones a quienes ya vienen comprando suelo con fines comerciales. Como dicen los arquitectos, pretenden crear un “pie forzado” --un hecho consumado-- al nuevo plan. ¡Qué vergüenza!

Algunos miembros del “Consejo consultivo” del nuevo Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 ahora en elaboración han llamado la atención sobre este desaguisado que no se les ha consultado. Pero ese Consejo como tal calla oficialmente. Esos miembros han sido despreciados y debieran renunciar públicamente. Lo importante es conocer quiénes son los que contra viento y marea quieren cambiar la zonificación y quiénes se callan.

Los de la actual municipalidad, son unos cuantos; han sacado la cara, unos con ignorancia y otros con desfachatez, pues ya lo hacían solapadamente desde que estaban en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo importante es conocer quiénes se verán beneficiados, esto es, los silenciosos dueños de los terrenos. A falta de normas sobre el aumento del valor del suelo ellos verán automáticamente llenos sus bolsillos con terrenos inútiles y dañinos para el uso que ahora se propone. Lo que es mal negocio para 10 millones de habitantes es buen negocio para algunos inversionistas.

¿Quiénes son esos propietarios? Sus nombres debieran aparecer, para que se sepa si son campesinos o se trata de especuladores que han ido comprando apostando a que su terreno valga más gracias a una norma que hace que ellos ganen y toda la ciudad pierda. Hace más de una década que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene discutiendo una ley de Desarrollo Urbano Sostenible y ahora hay una nueva propuesta que todavía no sale del horno. Ella nunca pasó de las oficinas del ministro de turno. La razón es que se modernizará la legislación sobre qué sucede cuando el aumento del valor del suelo, por una simple autorización municipal, va a los bolsillos del propietario en vez de ser compartido con las autoridades (legalmente, se entiende) que luego tendrán que pagar las reparaciones y pagar las obras complementarias.

Si al leer esta nota a usted no le parecen acertados mis argumentos sólo le pido una cosa: que se acuerde de mi cuando, entre otras cosas, le reclame a las municipalidades que pongan semáforos en la Carretera Panamericana Sur y que paguen los puentes peatonales debido al aumento de accesos sin control a dicha carretera que va desde Washington hasta la Tierra del Fuego y que llega sin problemas con el pescado fresco desde el sur del país hasta la capital.