¿Qué nos dicen las protestas?: Una mirada desde las regiones

Las protestas y movilizaciones suscitadas en regiones, tras la salida de Pedro Castillo, vuelven la mirada sobre la división histórica entre Lima y el resto del país, entre las instituciones y la población. Esta situación nos recuerda que la fractura no sólo es política, sino también social. Mientras que en la capital se respiraba un aire de triunfo por parte del legislativo, de diversos medios de comunicación y de ciertos grupos de poder, en regiones se miró este hecho como una transgresión al voto legítimo que los más de 8 millones de peruanos y peruanas le dieron a Castillo el pasado 6 de junio de 2021 en las últimas elecciones. No olvidemos que en departamentos como Puno, Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ayacucho, territorios donde han estallado y se han radicalizado las protestas, Pedro Castillo ganó con más del 80% de los votos válidos. En tres de estos territorios (Puno, Huancavelica y Ayacucho) se registran también los mayores niveles de pobreza a nivel nacional (INEI 2021); es decir que los ingresos de sus pobladores no alcanzan para cubrir una canasta básica de alimentos y no alimentos, que en nuestro país asciende a 378 soles mensuales.

Con los resultados del proceso electoral, la población rural y del sur andino comunicaba algo importante al país: le daba a Castillo la tarea de gobernar a favor y en representación de las poblaciones históricamente excluidas, encargándole sus demandas más urgentes y los cambios históricos pendientes en temas como el acceso a la salud, la educación, el empleo digno, la defensa de los territorios, el desarrollo de la agricultura, entre otros, derechos y servicios fundamentales no atendidos por décadas, y cuya precariedad quedó expuesta a raíz de la pandemia.

De esta manera, en medio de un panorama marcado por las desigualdades, por la desconfianza de la población hacia las instituciones del Estado y por una alta percepción de corrupción en la práctica política, estos grupos vieron en Castillo a un representante legítimo. No se trató sólo de un voto “antisistema”, sino de un voto de reivindicación y de respuesta frente a los grupos de poder, a través de una persona con la que se sintieron identificados. Con la caída de Castillo este concepto de “reestructuración social” también cae, y con ello las demandas que un amplio sector de la población le encargó. Si bien el gobierno de Pedro Castillo ha estado marcado por una gran inestabilidad desde el primer día, a causa de las denuncias por corrupción, las malas decisiones y la pugna constante entre el ejecutivo y el legislativo, las regiones mantenían una lectura propia de la situación, alejada de los análisis políticos centralistas limeños. Con necesidades propias en cada territorio y problemas que atender en el día a día, los reclamos y sentires regionales apuntaban al cumplimiento de las promesas hechas durante campaña y a la atención de temas urgentes como la crisis del agro, la crisis alimentaria, el desempleo, la inseguridad ciudadana, las demandas del sector transporte o las severas sequías que azotan a varias regiones andinas. A esto se sumaba un creciente descontento por la precariedad institucional debido a las graves denuncias por corrupción y a los malos manejos políticos que venían del Congreso y de Palacio de Gobierno. Por supuesto que ya existía un escenario de polarización antes del 7 de diciembre, día en que Castillo diera su fallido golpe de estado. Una polarización que viene arrastrando la pesada mochila de las desigualdades, y ha dejado expuestas las heridas de la discriminación y la exclusión como problema estructural.

Uno de los principales errores al momento de leer las protestas o entender los conflictos es mirarlos como reacciones momentáneas y brindar medidas sólo a corto plazo. En nuestro país, el mal manejo del gobierno frente a estos problemas pasa también por un desconocimiento sobre “los otros”, sobre las dinámicas de los pueblos y comunidades. Conocer y comprender qué elementos culturales entran en juego, qué actores comunitarios y sociales intervienen, y qué formas de interrelación son valoradas en los territorios es fundamental para establecer un diálogo genuino y buscar salidas coherentes e inclusivas, menos jerárquicas y autoritarias.

Las protestas que hoy se observan en regiones también ameritan lecturas diversas, pues se identifican distintas demandas y actores, y eso es parte de la complejidad de un problema que trasciende a un período de gobierno. Las movilizaciones, desde las pacíficas hasta las que se han recrudecido, ocasionando actos violentos, así como la represión policial contra los manifestantes, se han ido extendiendo, no sólo en número de regiones, sino también en personas, colectivos y organizaciones. Si bien las rondas campesinas, los frentes de defensa, los sectores gremiales y sindicales, y las bases comunitarias fueron los primeros en aparecer en el escenario, muy pronto se sumaron otros actores como las federaciones universitarias y organizaciones de la sociedad civil. En medio del ruido social y político, y también de la carga emocional en la que nos encontramos inmersos, podemos plantear que son dos las demandas ciudadanas que han cobrado fuerza en estos últimos días: el cierre del congreso y el adelanto de elecciones. Sobre esto algunas ideas centrales:

• Para un amplio sector de la población no se trata de la defensa de Castillo como figura política, sino lo que representa en las luchas de los grupos que votaron por él. La vacancia de Castillo, por parte de un congreso con más del 80% de desaprobación, se percibe como una total vulneración a los derechos de millones de ciudadanos y ciudadanas, quienes ven perdida la oportunidad de ser atendidos en sus demandas históricas y justos reclamos. Hoy más que nunca, entender el voto rural y andino, más allá de lo técnico, debe ser una tarea indispensable para las fuerzas políticas, los medios de comunicación y las instituciones.

• El Congreso, en lugar de reconocer los errores cometidos y hacer un “mea culpa”, se atribuyó la salvaguarda de la institucionalidad, cuando claramente la ciudadanía los identifica como parte del problema. Con más del 80% de desaprobación, tomarse fotos y sumarse a un festín tras la vacancia de Pedro Castillo fue un error gravísimo que fortaleció su rechazo popular.

• Los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos y, en su mayoría limeños, han jugado un papel fundamental en este escenario. La posición en contra del gobierno de Castillo y, ahora, deslegitimando y criminalizando las protestas han contribuido a la polarización y a un rechazo generalizado entre los actores y bases regionales.

Es necesario que el gobierno de transición reaccione y tome medidas urgentes. Hasta el cierre de este artículo, el número de fallecidos en las protestas asciende a dieciocho y ya se ha declarado toque de queda en ocho regiones del país: Arequipa, La Libertad, Lima, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho. Los reclamos regionales deben ser atendidos en su real dimensión, y eso pasa – nuevamente – por un conocimiento de la realidad y una comunicación cercana con los actores y las bases sociales de los distintos territorios, en un marco de respeto e inclusión. En estos momentos, el aliado principal debe ser el pueblo. No sólo se necesita restaurar el orden, sino – sobre todo – reconstruir la confianza con la ciudadanía.