Que se vayan, pero ¿dónde está la salida?

Con la irrupción de las protestas sociales de marzo, el absurdo decreto de inamovilidad del 5 de abril, y las muertes ocurridas por disparos policiales, terminó de quedar en claro que el gobierno de Pedro Castillo es uno más de tantos que han hecho daño al país. No solo por sus nombramientos escandalosos y los contratos sospechosos que se están investigando, sino también por su respuesta autoritaria y represiva a las protestas. Quizás en lo único en que ha superado a sus antecesores es que, ante situaciones críticas, es capaz de cometer, día tras día, desatinos cada vez mayores.

Como consecuencia, al gabinete que lidera Anibal Torres solo le queda poco tiempo de vida y muy pronto tendrá que asimilar una acusación y una sanción por infracción constitucional por el decreto de inamovilidad del 5 de abril. Ahora lo defienden solo los que son ciegos por interés o por ideología. A la vez, ya es una mayoría del país la que quiere que Pedro Castillo deje la presidencia. En ese sentido se han pronunciado casi el íntegro de los actores políticos y de la sociedad civil del país.

Esto último no debiera demorar porque el deterioro social en el que estamos envueltos hace décadas, empeoró con la pandemia y se ha agravado con el alza de los precios inducida por la disputa imperial entre los EEUU y Rusia que se libra en territorio ucraniano. Esa alza de precios no se irá del todo, la guerra comercial entre esos dos hegemonismos seguirá alimentando a ese gran agitador de protestas que es el hambre.

En un escenario mundial, donde hay esa y otras amenazas para la vida, el Perú ya no puede seguir con este gobierno, pero tampoco con este congreso, cuyos daños a nuestro país pueden ser incluso peores que los del Ejecutivo. Sin embargo, la descomposición institucional que vive el Perú es tan grave que, si bien es casi de consenso que deben irse, a la vez es difícil saber dónde está la salida.

Adelanto de las elecciones generales

La salida con mayor respaldo público es que se vayan todos, es decir que se adelanten las elecciones generales y de estas salgan un nuevo gobierno y un nuevo congreso. Esta tiene dos variantes: una es que las sean acompañadas de las reformas electorales necesarias para que el resultado no sea más de lo mismo, y la otra que sean elecciones generales sin más, porque las reformas podrían complicar y demorar, y el país ya no aguanta.

Ambas variantes, sin embargo, requieren de una reforma constitucional que tendría que contar con el apoyo, por lo menos, de la mitad de los congresistas más un referéndum. Si se desea prescindir de este, tendría que haber el respaldo de 87 congresistas en dos legislaturas sucesivas. El problema es que, al presente, no es probable que existan siquiera 66 congresistas que quieran recortar su mandato.

La renuncia de Pedro Castillo

Otra salida que ha crecido mucho en este turbulento mes de marzo es la renuncia de Pedro Castillo. Tiene el respaldo de la ciudadanía, de una importante parte de los actores políticos y los medios, incluso de los que no gustan de la derecha. Pero es poco viable que Castillo quiera renunciar porque sabe que, al día siguiente, irán a tocarle la puerta los fiscales que investigan los casos penales en los podría estar involucrado. En esos casos, la probabilidad de una prisión preventiva no es descartable. De hecho, él preferirá negar hasta el final que haya alguna razón para que salga del poder.

Otro problema que tiene la renuncia como salida, es que, si ocurre lo más probable es que quien lo suceda podría no ser Dina Boluarte. Ocurre que, al igual que el resto del gabinete de ministros, es muy probable que sea acusada y sancionada por la infracción constitucional cometida con el decreto de inamovilidad del 5 de abril. Eso invalidaría su posición de vicepresidenta y la sucesora sería la presidenta del Congreso, tan polarizante y más desaprobada que el propio Castillo.

Poner el gobierno en manos de un gabinete diferente

También se ha hecho la propuesta de un gobierno de gabinete. Pedro Castillo podría no renunciar, sino delegar todo el poder efectivo en un nuevo gabinete, con personas con prestigio político, ético y técnico. Si no lo hace Castillo, podría hacerlo Boluarte, y si no, la presidenta del Congreso. La dificultad es que Castillo no da aún señas de haber abandonado la idea de que la continuación de su presidencia depende de los cargos que obsequia a varios grupos de congresistas, no de la calidad de sus ministros. Boluarte, a su vez, tiene el problema que ya mencionamos. Y Alva está notoriamente próxima a las bancadas de extrema derecha y preferiría reclutar a sus ministros de ese entorno. Una debilidad adicional de la idea de gobierno de gabinete es que no parece tener potencia movilizadora, en un momento en que la capacidad de movilizar será determinante para cualquier propuesta,

Vacancia

La vacancia por permanente incapacidad moral podría haber ganado algunos votos más después de este movido mes de marzo y lo que va de abril, pero difícilmente llegará a los 87 votos que se necesitan. El jueves 7 de abril, después de todo lo ocurrido, una moción en el Congreso para exhortar a Castillo para que renuncie, apenas llegó a 61 votos. Hay un grupo de 44 congresistas, y algunos más, que por diversas razones no votaran de ninguna manera por vacarlo.

Acusación constitucional por traición a la patria

Una última vía de salida de Castillo, es la acusación constitucional por traición a la patria por el tema de “la salida al mar” para Bolivia. Inicialmente fue presentada por algunos ciudadanos extremistas de derecha de poca fortuna y menor virtud. Luego la asumieron dos congresistas poco instruidos en temas constitucionales: Norma Yarrow y José Cueto. El problema es que, además de no tener una base convincente, su admisión fue aprobada a las justas, por voto dirimente, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si allí fue así, en el pleno el rechazo es seguro.

Escogiendo la salida con mayor potencial de movilización y menor riesgo de entregar el gobierno al Congreso

Como se ve, todas las fórmulas de salida tienen problemas de viabilidad política o de constitucionalidad. Sin embargo, hay algunas que son peores que otras porque nos terminarían llevando a un callejón sin salida. Es el caso de la vacancia o la simple renuncia sin más, terminarían dejando el poder en manos del Congreso, igual de deslegitimado y peligroso que el gobierno de Castillo.

La propuesta del adelanto de las elecciones generales, además del problema ya señalado de su dependencia de una reforma aprobada por el Congreso, conlleva el riesgo adicional de que no existen organizaciones políticas o candidatos que puedan ser alternativas mínimamente confiables frente a lo que hay ahora. Ya estamos viendo que en las encuestas sobre elecciones municipales de Lima, los favoritos vienen siendo Urresti y López Aliaga. El resultado, efectivamente, puede ser más de lo mismo.

Sin embargo, la propuesta del adelanto de elecciones tanto para presidente como para congresistas, puede servir para una movilización ciudadana independiente no solo del gobierno sino también de la derecha autoritaria atrincherada en el Congreso. Esa movilización ciudadana es lo que más se necesita si se trata de recuperar la democracia. Y puede reactivarse no solo con el impulso a la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, sino con la realización de las elecciones mismas.

La derecha autoritaria es más peligrosa que el gobierno de Castillo

No debe pasarse por alto que, el otro agente de la descomposición de la democracia y la política en el Perú, es esa derecha autoritaria atrincherada en el Congreso que es más peligrosa que el propio gobierno de Castillo. ¿Por qué razón? Por su discurso fomentador de la violencia y porque desde el Congreso, viene impulsando contrarreformas que cerrarían aún más los espacios democráticos en el sistema político, pretendiendo copar instituciones claves como el Tribunal Constitucional y los organismos electorales, y buscando excluir de la participación política a toda la izquierda, acusándola en bloque de totalitaria y terrorista.

En suma, el adelanto de las elecciones a presidente y a congreso, se haría cargo de una realidad en la que, primero, hay simultáneamente un problema y un rechazo muy grandes hacia los que conducen el Ejecutivo y dominan al Congreso; y segundo, esa salida tiene también sus complicaciones y riesgos, pero es la que más protagonismo podría devolver a la ciudadanía, el elemento más determinante de cualquier democracia.