¿Quiénes son los antivacunas?
Luisenrrique BecerraEl Comercio publicó en su edición del sábado 16 de enero una nota sobre el rechazo a la vacunación contra el covid-19. El reporte se basó en los datos de una encuesta realizada a nivel nacional por Ipsos Perú. El principal resultado fue que el 48% de los encuestados no se vacunaría, aun si ahora mismo estuviese disponible en el país una vacuna -aprobada por el Minsa- gratuita para prevenir esta enfermedad. Este porcentaje es más del doble del registrado por Ipsos Perú en agosto del 2020.
Una interpretación brindada en El Comercio es que el movimiento antivacunas se está expandiendo y la desinformación genera miedos a la inmunización. Si bien es cierto que el movimiento antivacunas es una amenaza para la salud pública, en esta columna se argumentará que el descrédito del gobierno y el sistema de salud, además de la poco transparente actividad de las compañías farmacéuticas están relacionados con el rechazo por la vacunación.
El 6 de enero, el presidente Francisco Sagasti anunció la compra de 38 millones de vacunas de Sinopharm, luego de un periodo de incertidumbre en el que la ministra de salud, Pilar Mazzetti, no dejaba claro cuándo iban a llegar las vacunas, ni si estábamos entrando en la «segunda ola». Incertidumbre y desconfianza que se incrementaron cuando la ministra, luego de negar reiteradas veces la segunda ola frente a la prensa, la anunció en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). La desconfianza también aumentó cuando se aprobó una norma que permite al sector privado que comercialice las vacunas, a pesar de sus antecedentes de cobros excesivos por camas de UCI en el 2020. Por otra parte, la encuesta de Ipsos Perú se inició el 13 de enero de 2021, el mismo día que Sagasti estableció las nuevas medidas para la prevención y control del coronavirus, en un discurso poco claro y con medidas confusas. Por lo tanto, la comunicación ineficaz, sumada a la incertidumbre política y el favorecimiento al sector privado por encima de los intereses de la población vulnerable, pueden generar desconfianza en las medidas sanitarias, incluyendo la vacunación.
En segundo lugar, el rechazo a la vacunación puede ser también una manifestación de la desconfianza hacia el sistema de salud, que ha mostrado claramente sus deficiencias durante la pandemia. Un ejemplo fue la campaña de vacunación contra la difteria que tuvo un mensaje tan poco claro que la Defensoría del Pueblo indicó que se requiere información clara, precisa y oportuna. La campaña mostró tal desorganización que no hubo vacunas disponibles en algunos establecimientos de salud; se formaron aglomeraciones, y hubo tratos inadecuados a los pacientes. En el estudio de Ipsos Perú, el porcentaje de personas que no desean vacunarse aumentó a 40% en diciembre de 2020, semanas después de la desordenada campaña. Por otro lado, ¿cómo se sentiría usted si para vacunarse tuviera que visitar el mismo centro de salud que le negó una cama, un balón de oxígeno o que le pidió sobornos por atención?
En tercer lugar, dejando de lado las teorías de conspiración, no se puede ignorar el papel de las compañías farmacéuticas. El Comercio reportó que las negociaciones no se concretaron porque Pfizer no aceptaba asumir responsabilidad legal en caso de que haya efectos adversos en los vacunados. Similares condiciones fueron afirmadas por el ministro de salud de Argentina. El investigador Peter C. Gøetzche, en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado, describió las prácticas delincuenciales de las compañías farmacéuticas para vender sus productos y evitar la justicia. En el capítulo 3 expone algunos casos. Por ejemplo, en el 2009, una filial de Pfizer se declaró culpable por el mal etiquetado «con intención defraudadora o engañosa» de cuatro fármacos y aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 2,300 millones de dólares; AstraZeneca Novartis, en el 2010, desembolsó 520 millones de dólares por acusaciones de fraude, y Johnson & Johnson fue multada por 1,100 millones de dólares en el 2012 por haber minimizado y ocultado información sobre los peligros de un antipsicótico (Goetzche, 2016).
Si bien es cierto que el movimiento antivacunas es una amenaza que no debe pasar desapercibida y las estrategias de comunicación son más que necesarias para sensibilizar a la población, es importante resaltar la relación del Estado y las compañías farmacéuticas con el rechazo a las vacunas, que no se trata solamente de un acto de rebeldía de «grupo de personas desinformadas», sino que es una respuesta de una población -en muchos casos preocupada por su salud- que ha perdido la confianza en un sistema sanitario que históricamente le ha dado la espalda. Por lo tanto, el Estado y las compañías farmacéuticas deben garantizar transparencia e infundir seguridad. No solo a través de mensajes optimistas, sino con medidas concretas que garanticen el acceso a los datos de los ensayos clínicos, así como el acceso a la salud con calidad de atención de manera equitativa y con protección a los prestadores de servicios de salud. Será así como la población volverá a confiar en el sistema de salud y pondrá el hombro por la salud del país.
Referencias
Goetzche, P. C. (2016). Crimen organizado: El modelo de negocio de las grandes farmacéuticas. En Medicamentos que matan y crimen organizado: Cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud (6.a ed.). Libros del lince.