Razones para abortar congresistas patriarcales

El tema del aborto ha entrado por fin en la esfera pública del país. Ya era hora. La despenalización del aborto en casos de violación ya no sólo es tema de los medios de comunicación. Cada vez más, la sociedad civil se manifiesta de cuerpo y alma en las calles y a través de una creciente participación en las redes sociales. Lamentablemente, no hemos tenido, pese a los esfuerzos loables de la congresista Verónika Mendoza, una representación en la Comisión de Justicia del Congreso de la República de esta mayoría que está a favor del aborto en casos de violación, según la última encuesta elaborada por Ipsos-Perú.

Como saben, no se ha producido un real debate para tan importante tema. Este se ha archivado en la Comisión de Justicia del Congreso y, como si esto fuera poco, hay persecución a las personas que han expresado públicamente su postura favorable al proyecto de ley.Pero, no todo está perdido: En la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso se está dando la batalla y muchas organizaciones ya se han pronunciado a favor de la despenalización.También Mendoza ha presentado un recurso de reconsideración ante el archivamiento. En vista del panorama, el tema podría llegar al Pleno a través de la Comisión de Constitución, en donde también se discute la reforma del Código Penal que sigue criminalizando a las mujeres.

Sin embargo, esta columna no tratará de dilucidar las razones de esta falta de representación que, por un lado, nos está costando la vida de muchas mujeres y, por otro, viene truncando la calidad de vida de tantas personas directa e indirectamente afectadas. Este espacio de opinión tampoco abordará el descaro del Ministerio Público, que ampara delitos inexistentes presentados por un fiscal provincial. La intención es más bien aclarar el panorama nacional y los prejuicios sobre el aborto, evidentemente inducidos en el Congreso y la ciudadanía por los fundamentalismos religiosos del país, en un supuesto Estado laico. Desde la impotencia de no poder hacer más, dedico estas líneas a los millones de mujeres clandestinas que han debido abortar clandestinamente y a las otras tantas personas feministas de sexualidad diversa.

En el Perú, la batalla de los derechos sexuales y reproductivos en cuanto a aborto se refiere, se divide en dos frentes incompatibles: Los pro-vida (pro-life) y los pro-derecho a decidir (pro-choice). Los primeros, ligados a los fundamentalismos religiosos, acatan que los derechos del feto son absolutos. Es decir, que estos están por encima de los derechos de las mujeres, aunque esto traiga como consecuencia directa el embarazo forzoso y la perpetuación del aborto clandestino. Proponen que la educación sexual sea responsabilidad de los padres y no del Estado, y pretenden castigar con trabajo comunitario y pena de cárcel a las mujeres que abortan, aun cuando este embarazo sea en casos de violación. Desean obligar a las mujeres a llevar en su vientre un embarazo forzado y no deseado, con la justificación de que el fruto de dicho proceso puede ser dado en adopción. En suma, la postura pro-vida es antidemocrática y está ligada a los poderes fácticos de las iglesias.

Por otra parte, los pro-derecho a decidir se solidarizan con una teoría y práctica feministas y consideran que tanto la planificación familiar como la paternidad y la maternidad responsables se basan en el derecho civil de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. La postura pro-derecho a decidir propone que la educación sexual y los programas de planificación familiar sean también responsabilidad del Estado, y están a favor de designar recursos económicos públicos para este urgente fin. Anteponen la salud de las mujeres antes que la del embrión, tal y como lo recomiendan la CEDAW y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Abogan por la despenalización del aborto, ya que esta medida traería como consecuencia la drástica reducción del aborto clandestino y la reducción de muertes maternas. En suma, los pro-derecho a decidir mantienen una postura democrática que dialoga con el Estado de Derecho, laico.

Políticamente, el aborto es una cuestión que separa la democracia liberal y el autoritarismo conservador en el mundo. En nuestro país, las fuerzas políticas detrás de la ideología pro-vida encuentran asidero político en el fujimorismo. Sus fervientes representantes son Martha Chávez, Cecilia Chacón, Juan Días Dios, Julio Rosas y Octavio Salazar. La doble moral como una de las formas de la autocracia fujimorista se trasluce con claridad al recordar que ellos son los responsables de las políticas de planificación familiar que dieron como resultado las miles de esterilizaciones forzadas en todo el país, y que las iglesias católicas (Opus dei, Sodalicio) y evangélicas fueron cómplices, al no tomar cartas contundentes en el asunto para impedir o reparar tremenda violación a la vida y a los derechos humanos. Si están a favor de la vida (del embrión) ¿cómo así el fujimorismo fomentó las esterilizaciones forzadas? Queda claro, pues, que lo que aquí está en juego es el control estatal del cuerpo de la mujer peruana.Si bien el fujimorismo y las iglesias (Cipriani, Figari, Rosas) tienen un historial en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ellos no son los únicos: El Partido Popular Cristiano y la Alianza para el Progreso, a través del presidente de la Comisión de Justicia, Eguren, de Castro (presidente del partido) y de Bedoya, miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, cierran este político ménage à trois.Aquí no hay debate ni argumentos científicos; lo que hay son descaradas falacias: “Las violaciones, y esto es lo terrible, que pueden ser un evento callejero, no generan embarazo. Es casi imposible que se produzca un embarazo después de una violación eventual, callejera, porque se produce un estado de estrés, un estado de shock en la persona, donde, obviamente, en la mujer no hay ningún tipo de lubricación, etc”. No basta para estos políticos que las mujeres sean forzadas a tener relaciones sexuales, o que sean víctimas de esterilizaciones forzadas, ahora quieren imponernos un embarazo no deseado.

Sin embargo, en medio de este brutal panorama también encontramos las fuerzas y los argumentos del pensamiento pro-derecho a decidir, encarnados por las parlamentarias de Acción Popular-Frente Amplio, Verónika Mendoza, miembro de la Comisión de Justicia y única congresista que votó a favor de la despenalización del aborto en dicha comisión, y Rosa Mavila, vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, en donde presentó argumentos tan contundentes como el siguiente: “Si no se legisla sobre el cuerpo de los hombres, ¿por qué legislar sobre el cuerpo de las mujeres?” [..] “¿Por qué la Iglesia tiene tanto interés en esta criminalización?” Porque pretende, desde el sistema penal, mantener sobre las conciencias un poder que está perdiendo en un ámbito moral. Así mismo, el congresista Daniel Abugattás, del Partido Nacionalista Peruano, y Juan Pari, por Dignidad y Democracia,brindaron luces a la comisión. Josué Gutiérrez,presidente de dicho grupo de trabajo, sostuvo que la iniciativa cuenta con el respaldo orgánico de la bancada Nacionalista y explicó que si antes los legisladores de su bancada votaron en contra del proyecto, cuando fue discutido en la Comisión de Justicia, se debió a que en ese entonces no había una posición institucional y cada uno votaba según sus convicciones. Finalmente, la votación se postergó. Por otra parte, no todos los devotos son fundamentalistas intransigentes en contra de los derechos sexuales y reproductivos. En nuestro país, tanto la Teología de la Liberación como las Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir están a favor del pensamiento y las prácticas pro-derecho a decidir; es decir, a favor de la despenalización del aborto en casos de violación.

En el Perú contemporáneo, los pro-vida realizan anualmente la Marcha por la Vida, a la que asisten miles de niños y adolescentes, obligados a participar mediante la convocatoria de los colegios religiosos a los que pertenecen. Bajo esas circunstancias, se jactan de tener la marcha pro-vida más grande de Latinoamérica. En cambio, el movimiento feminista pro-derecho a decidir se manifiesta a través de la campaña “Déjala Decidir”y se ha visibilizado a través de las diversas intervenciones públicas que han tenido, este año, y al lado de Alfombra Roja Perú (2013-2015) y Comando Feminista (2015). Cabe recalcar que en estas manifestaciones han participado miles de mujeres y hombres, de manera voluntaria, y no sólo en Lima, sino a nivel nacional.

En medio de este panorama, demos una mirada breve a las contundentes cifras: Como sabemos, el Perú lidera las tasas de violaciones en Sudamérica. Esto quiere decir que más de 3,000 niños, niñas y adolescentes peruanos, especialmente de entre 12 y 17 años, sufrieron violación sexual entre enero del 2014 y abril del 2015. Los menores de edad constituyen el 70% de casos de violación sexual que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron, de manera general, en ese periodo, y que fueron en total 4,225 (incluyendo a jóvenes, adultos y adultos mayores). Esta situación de permanente violencia se da a nivel nacional, pero es más frecuente en Lima, La Libertad, Junín, Arequipa y Cusco. Durante el 2014 y hasta abril del 2015, los CEM del país reportaron 7,725 casos de violencia sexual (niños, adultos y adultos mayores), de los cuales unos 5,727 ocurrieron el año pasado y 1,998 en los primeros cuatro meses de este. Día a día las cifras crecen. Además, estas estadísticas sólo toman en cuenta las denuncias; sabemos que la violencia es incluso mucho mayor.

Como si esto fuera poca razón para despenalizar el aborto en casos de violación, veamos ahora las cifras al respecto. Anualmente, 370 mil mujeres se someten a abortos clandestinos. Esto significa que hay cinco mujeres que abortan, por cada 100 gestantes. Los abortos inseguros y las complicaciones derivadas de ellos son la tercera causa de mortalidad materna y la primera causa de enfermedades (morbilidad) que requieren hospitalización en las mujeres. La mayoría de mujeres que interrumpe su embarazo acude a personas no calificadas (44%), y estos porcentajes se agravan en las zonas rurales, donde la gran mayoría (65%) recurre a personal no calificado. El 57% de nacimientos ocurridos entre el 2000 y el 2005 fueron no deseados; es decir, un estimado de 1.8 millones. De 3.8 millones de mujeres sexualmente activas, cerca del 30% -1.4 millones- está expuesto al riesgo de embarazos no deseados por falta de acceso a métodos anticonceptivos. Al 2009, el 13.7 de las adolescentes en el país se encontraba gestando o ya era madre por primera vez.

La adopción de los niños no deseados que los pro-vida proponen como gran solución a tremendo vejamen es inviable, entre otras, por las siguientes razones: La adopción no eliminaría una segunda violación a los derechos, como lo sería el embarazo forzoso. Tampoco evitaría la transformación de las condiciones físicas y mentales, que acarrean drásticos cambios laborales, y por ende económicos, a las miles de mujeres gestantes. Por último, según el MIMP, en el 2014 se dieron 194 adopciones, cantidad que resulta irrisoria frente a la de 370 mil mujeres que interrumpen su embarazo de manera clandestina cada año. Las cifras hablan por sí solas.

La postura pro-derecho a decidir no es exclusiva, incluye la postura pro-vida, ya que la despenalización del aborto no obliga a abortar a quien no quiera hacerlo. Si usted está en contra del aborto por sus creencias, los pro-derecho respetan su decisión. La idea fundamental de los pro-derecho es que al despenalizar el aborto, este se regula, y al regularlo, se incrementa la prevención. Es decir que en tanto la educación sexual se vuelve una prioridad para el Estado, se reducirán los abortos clandestinos y, por ende, la muerte materna. Según la OMS, la razón de muerte materna fue tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto. Es por ello que, al contrario de lo que se cree, despenalizarlo reduce drásticamente la tasa de interrupción de embarazos, como sucedió en el Uruguay, en muchos países americanos como México, Cuba, Canadá, Puerto Rico, casi en toda Europa y, sobretodo, en el hemisferio norte. Además, en Chile, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Barbados, Colombia, entre otros países de América, el aborto es legal en casos de violación. Por el contrario, la maternidad forzada empuja al aborto inseguro y clandestino, lo que causa el 29% de muertes maternas, y el suicidio, como resultado directo de los niveles de angustia y depresión de muchas mujeres.

Cuando una mujer del nivel socioeconómico A-B se somete a un aborto, lo hace sin riesgo, en una clínica privada, mientras que las mujeres del sector D-E deben recurrir a la clandestinidad, a través de comadronas, curanderos, usando pastillas “para la ulcera" y/o llamando a las líneas de teléfono que se muestran en los postes de la ciudad, bajo el lema: “Atraso menstrual”. Esta es una situación de injusticia socio-económica que afecta a miles de mujeres. Si bien las más afectadas son las niñas y adolescentes en condiciones de pobreza, hay que recordar que muchos de los abortos clandestinos son también practicados por madres. Sí, por mujeres que viven la experiencia de la maternidad en toda su realidad cotidiana y que deciden no tener más hijos justamente porque comprenden a cabalidad la importancia de una maternidad y/o paternidad responsables.

El aborto es uno de los temas sociales más importantes, ya que afecta la vida misma de los seres humanos, al margen de su género y de su identidad sexual. No es un tema sólo de mujeres. Las mujeres no se embarazan del Espíritu Santo ¿o sí? Como sabemos, la cantidad de hombres que abandonan el hogar en el Perú es bastante alta, así como la de aquellos que no reconocen a sus hijos. La difícil decisión que lleva a una mujer a practicarse un aborto no es banal ni simple, justamente porque pone en riesgo su propia vida y su propia fertilidad. La mayoría de las veces, esta es una decisión responsable, que se toma conscientemente, al pensar en las consecuencias mentales, morales, físicas, económicas, laborales, que un embarazo acarrea a la vida de las personas directa e indirectamente afectadas, especialmente en el caso de violación. Las mujeres no abortan por gusto o por placer. La decisión está íntimamente ligada a la experiencia sexual y psicológica que se tuvo o se mantiene con el hombre, y por ello esta debería ser una responsabilidad compartida, aunque en la práctica no lo es, ya que se legisla sobre el cuerpo de la mujer y no del hombre.

El aborto nos mira a los ojos, con una verdad: Cada día, cada noche, las mujeres estamos en peligro de muerte, y esta es una realidad que debe salir de la clandestinidad. La despenalización del aborto en casos de violación debe ser aprobada cuanto antes, si queremos reducir la enorme cantidad de abortos y proteger legal y constitucionalmente el derecho a la vida.