Regreso a las aulas: necesitamos pensar en los más vulnerables

Uno de los terribles efectos de la pandemia ha sido, y sigue siendo en el Perú, el cierre de las escuelas.

Hasta ahora nadie ha explicado por qué los docentes y personal administrativo de las escuelas no fueron incluidos entre los grupos priorizados en marzo y abril. Se dejó a los maestros y maestras de lado, cuando al mismo tiempo, otros “gremios”, a través de sus colegios profesionales lograron vacunar a personas que no estaban en servicios esenciales o de salud.

Para agosto del 2021, sólo tenemos, aprobadas, vacunas para menores hasta doce años, no hay vacunas para los más pequeños, y no queda claro cuándo estarán disponibles. Además, hay estudios que dan cuenta de los efectos negativos del cierre de las escuelas en los alumnos, que incluyen retrasos en el aprendizaje, e impactos en su salud mental, y física.

Los datos sobre riesgo de contagio no son claros. Mientras unos dicen que los menores contagian menos que los adultos, otros estudios cuestionan estos datos, y señalan que en situaciones en la que los menores han sido igual de expuestos que los adultos, el riesgo es similar, y además son asintomáticos. ¿Esto es suficiente para negarles el acceso a clases presenciales? Podemos sostener que no, pero tampoco debemos ignorar los riesgos, pues para el retorno a las aulas se deben tomar medidas destinadas a reducir los riesgos de contagio.

Es un contexto que llega a ser desesperanzador, por eso es positivo que desde la sociedad civil se pida que el tema pase a ser una prioridad. Sin embargo, es preocupante que algunos de estos pedidos excluyan cualquier reflexión sobre las vulnerabilidades o inequidades que podría generar un regreso desordenado a las aulas, o basado, principalmente en la capacidad de pago de los padres para enviar a sus hijos a escuelas que cuenten con la capacidad para adaptarse.

Una de las falacias más grandes del covid-19, es esta falsa sensación de “igualdad” que nos dice que todos hemos sido afectados de igual manera, sin mayor reflexión sobre privilegios e inequidades. En las redes, que representan a una minoría del país, hay muchos mensajes que presentan como universales lo que es la realidad de una minoría. Por ejemplo, se habla del impacto en el empleo de las mujeres, sin mayor análisis sobre quiénes son las más afectadas (más allá de la edad de ellas o sus menores hijos e hijas).

Personalmente, y pese a ser mamá soltera de una niña de 5 años, que teletrabaja y además acompaña a su hija en sus clases, y otras actividades durante el día, y que soy consciente de todo lo que mi hija se está perdiendo por no ir a la escuela, me preocupa que los llamados al regreso a clases presenciales estén promoviendo un retorno voluntario, basado en la capacidad de las escuelas a “adaptarse”, sin mayor reflexión sobre como mitigar posibles impactos negativos de este tipo de retorno, en la propia comunidad educativa, y el país.

Para hablar de un retorno voluntario tendríamos que estar todos y todas en la misma posición. Reducir el debate a que se retorna de manera voluntaria si los padres y las madres confían, si los colegios están preparados, es perverso, sobre todo en una sociedad tan afectada, de manera tan desigual por la pandemia. Hay que preguntarnos si es justo que un colegio con mayores recursos pueda permitir el retorno de todos los grados, mientras que otros con menos recursos no puedan siquiera asegura el retorno a grupos vulnerables.

También hay que cuestionarse que significa voluntario en un contexto de crisis económica, y en el que hemos permitido que los niños y niñas tengan que viajar, a veces horas, para llegar a sus escuelas. ¿Sería justo que un niño o una niña dejen de tener clases con su grupo de compañeros y compañeras, que sigan clases por la pantalla, con menor atención por parte de sus maestros porque sus padres tienen miedo de meterlo en una movilidad, o porque no cuentan con los recursos para pagarla? Si hay familias que no pueden enviar a sus hijos e hijas por estas razones, ¿qué medidas estamos tomando? ¿Lo abordamos o ignoramos?

En muchas escuelas privadas, los y las trabajadores no están, por ejemplo, sindicalizados, ¿cómo queda el tema del miedo de las y los docentes? ¿De las y los trabajadores administrativos? ¿Es algo que debemos preguntarnos. ¿Nos hemos preguntado cómo viajan los docentes, el personal administrativo a la escuela en la que estudian nuestros hijos e hijas, a qué los podemos exponer a ellos y ellas y a sus familias (que puede incluir a menores no vacunados)? ¿Qué hacemos con las profesoras, personal administrativo de las escuelas que están embarazadas?¿Asumimos que la comunidad educativa es como una fábrica, un cine, en el que, si él o la docente tiene miedo, pues que no vengan a trabajar y reemplazamos, o queremos cuidar esa comunidad? ¿Qué pasará con las y los hijos de los docentes que no pueden acceder al mismo colegio en el que enseñan sus padres y/o madres? ¿Vamos a normalizar (como por ejemplo en el caso de las trabajadoras domésticas que han retornado el trabajo presencial), que se queden sin el adulto que los ayuda a seguir sus clases? ¿Y la solidaridad, la preocupación por los más vulnerables? No creo que estas preguntas nos deban paralizar, sin embargo, este tipo de cuestionamientos nos deberían ayudar a pensar, y pedir un regreso a clases basado en vulnerabilidades, y evitar que los criterios que rijan sean los de mayor capacidad de pago, o recursos, maquilladonlos bajo la etiqueta de voluntario. Pensar que lo que se hace en el colegio de mis hijos y/o hijas no afecta al resto es falso.

¿Qué se puede hacer? No tengo respuesta, pero si algunas sugerencias. La primera es asumir que tenemos un sistema de educación segregado, por lo que debemos ser muy cuidadosos en usar evidencia de países en los que la mayoría de los estudiantes van a la escuela pública cerca de su domicilio. Nuestro contexto genera otros retos que debemos abordar. Tenemos que dejar de invisibilizar el tema de vulnerabilidades, sincerar el discurso y pedir que se plantee un regreso gradual a las escuelas y que esa gradualidad este dirigida, como con las vacunas, a proteger a los más vulnerables. La priorización de los grupos vulnerables se puede establecer por varios criterios cómo: i) abandono y ausentismo escolar, ii) capacidad material de seguir clases a distancia, iii) necesidades especiales, por ejemplo, escuelas de menores con habilidades especiales, iv) acceso a cuidado en la casa, v) impacto (por ejemplo priorizar primer y segundo grado de primaria, y cuarto y quinto de secundaria).

A partir de la priorización de grupos vulnerables se puede pasar a planear cómo sumar esfuerzos. Se puede pensar en usar parques, estadios, espacios públicos (como se ha estado haciendo en algunos casos, pero hacerlo masivo), pero también generar la colaboración de escuelas públicas y privadas. Las UGEL podrían analizar qué colegios (públicos y privados) hay en sus jurisdicciones para coordinar con estos centros la disponibilidad que tienen para el retorno de clases de grupos priorizados. Si no cuentan con espacio para sus alumnos, buscar soluciones como el uso de estadios. Si las escuelas privadas tienen espacio para el retorno de todos sus estudiantes, se podría invocar a su solidaridad (al final estamos en una emergencia), y al principio de equidad para usar esas instalaciones (como se ha hecho con las clínicas para la vacunación) para que estudiantes de otras escuelas, de grupos vulnerables priorizados puedan comenzar también sus clases.

Implementar este tipo de medidas requiere de un esfuerzo conjunto, que por ejemplo los padres y madres no amenacen con dejar de pagar pensiones si sus hijos e hijas no entran en los grupos priorizados, pues van a seguir recibiendo clases. Si no son priorizados, es porque, felizmente, si bien se ven afectados, no están entre los más vulnerables.