Salud, educación, ¿y vivienda?

Hasta el año 2019 la Defensoría del Pueblo, la primera y honrosa línea de defensa de los ciudadanos frente al Estado, ha redactado 183 Informes Defensoriales. Ninguno se refiere, siquiera invocando una situación específica, al estado de la vivienda popular. No se considera un problema público.

El último año, esta institución produjo 36 informes más. Como era de esperarse, la mayoría están relacionados al estado de los derechos ciudadanos durante la pandemia. También los hubo sobre la transparencia de las municipalidades y la informalidad laboral, pero nada sobre la tan mentada informalidad en la vivienda. El estado de la salud y el estado de la educación, si; pero el estado de la vivienda, no.

Lo mismo sucede en su “Rendición de cuentas en el contexto de la pandemia” (agosto 2020), en donde la palabra “vivienda” aparece nueve veces, asociada a las personas que se quedaron sin hogar y al tema de los residuos sólidos. Las condiciones del techo donde se confinaron las familias no están presentes. No nos confundamos: cuando se habla del problema de la falta de postas médicas y de la atención primaria de la salud, inmediatamente nos referimos al “problema de la salud”. No nos quedamos en esas “partes” del asunto. Si hablamos de la falta de equipamiento, del oxígeno o de la falta de médicos intensivistas, hablamos del “problema de la salud”. Los políticos nacionales --tanto de derecha como de la vieja izquierda-- se quedan satisfechos cuando señalan que van a hacer inversiones en elementos tales como el agua o la titulación de los terrenos, pero nadie habla del problema del hábitat, de la casa en sí, la que se ha edificado o la que se piensa edificar sobre tales terrenos. Los programas políticos no lo han analizado, ni tienen planteamientos al respecto.

A pesar de que en las páginas de economía de los periódicos siempre habrá noticias sobre las inversiones inmobiliarias, no encontraremos páginas sobre la vivienda urbana y rural, excepto cuando se trata de anuncios públicos relacionados con el piloto automático que rige en los programas de (crédito para) vivienda. Ni siquiera hay menciones en este proceso electoral. La honrosa excepción se escucha en la boca de la candidata Verónika Mendoza. Cuando ella ha hablado sobre la pandemia, no sólo se ha referido a la salud y a la educación, sino también a la vivienda de las mayorías peruanas.

Cuando fui coordinador de la Comisión de Plan de Gobierno Municipal que trabajó con el alcalde Alfonso Barrantes, recuerdo la mirada burlona de quienes al oír del Vaso de Leche decían que era inútil, “porque los niños no votan”. Ahora, pese a que las mayorías urbanas viven mal, en viviendas hacinadas o en viviendas edificadas en zonas de riesgo, el problema de la vivienda no parece ser considerado un asunto sobre el cual discutir y votar.