Sobre la creación de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur de Ayacucho

La Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó por unanimidad el Dictamen del Proyecto de Ley N.° 1837, que declara de preferente necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur de Ayacucho; una ley que, como la misma congresista Margot Palacios afirma, es de su autoría.

Los invito a leer la exposición de motivos puesto que está plagada de falacias. Un análisis serio deja por los suelos todo el documento. El principal argumento de la congresista es que el Perú tiene un déficit de universidades. Sin embargo en las catorce páginas que motivan la ley no existe un solo argumento que demuestre la veracidad de tal enunciado. Sin contar a las universidades privadas, en el país tenemos 53 universidades públicas que actualmente cuentan con presupuesto para su funcionamiento; entre ellas la Universidad San Cristóbal de Huamanga y la Autónoma de Huanta. Basta con revisar información en los principales portales que dan seguimiento al tema para darse cuenta que la afirmación del déficit es falsa. Tenemos en promedio dos universidades públicas por departamento, y si revisamos datos sobre otros países de la región, Chile cuenta con 18 universidades públicas; Ecuador, 26; Colombia, 64; Argentina, 55.

Por otro lado, el documento afirma que existe una “pérdida de oportunidades laborales, académicas, científicas y tecnológicas, (que) hace que los jóvenes migren a otras ciudades” o que “la falta de profesionales crea un déficit técnico para desempeñar adecuadamente actividades en las entidades del sector privado y público”; una vez más, no aporta prueba alguna que afirme la demanda de profesionales en esta región del sur. La distribución de la PEA ocupada por estructura de mercado al 2002 evidencia que en el departamento de Ayacucho el sector público absorbe al 7.8% de esta PEA; mientras que el sector privado emplea al 30%. ¿Dónde está la sobre oferta laboral profesional que la congresista afirma existe en las provincias del sur de Ayacucho?

Ninguno de los párrafos del “marco legal de la propuesta” demuestra que se está vulnerando derecho alguno: todos los ciudadanos tienen la misma oportunidad de postular a una vacante en las universidades públicas; el problema radica en la calidad educativa de la educación básica regular que condiciona esa oportunidad; u otros factores como la condición socioeconómica.

El tercer numeral, “ubicación geográfica” no aporta ningún elemento que conlleve a la necesidad de crear una universidad; de hecho, solo hace mención a tres provincias que serían beneficiadas; pero no dice por qué ni cómo. Una revisión demográfica evidencia que estos territorios son básicamente rurales y tienden al despoblamiento. Distritos como San Javier de Alpabamba o San José de Ushua cuentan con 312 y 233 habitantes respectivamente (Censo 2017).

El documento también hace referencia a los beneficiarios directos e indirectos. Asumen que la conectividad es el factor por el cual vecinos de las provincias de Sucre o Víctor Fajardo acudirían a esta nueva universidad; a ello se sumarían otras provincias como Nazca y Palpa (Ica); Huaytará (Huancavelica). Un mapa cartográfico y de conectividad pondría en duda tal afirmación. Asimismo, se asume que el 100% de la población que culmina la secundaria está interesada en continuar estudios superiores universitarios. Al respecto, es necesario comentar que, de acuerdo a la OCDE, se estima que el 23% de los costarricenses entre los 23 y los 64 años realizó algún tipo de estudios superiores y 22.2% en el caso colombiano (ambos países son los primeros en América Latina y el Caribe con mayor población universitaria). Para el caso peruano, la población estudiantil universitaria creció de un millón de estudiantes en 2020 a 1.25 millones 2022; pero este incremento sucede principalmente en las universidades privadas. De acuerdo al INEI, la población con educación superior se incrementó en 13,3%, siendo mayor el incremento entre los que tienen educación superior universitaria en 13,3% (397 mil 900), seguido de la población con educación superior no universitaria en 13,2% (338 mil 100).

Finalmente, como muchos proyectos de ley, el análisis costo-beneficio de la exposición de motivos no ha sido redactado ni analizado con la rigurosidad que amerita. La congresista afirma que su propuesta “no genera gasto adicional al erario nacional”. De ser cierta esta afirmación, ¿Cómo es que se pretende financiar, viabilizar e implementar esta propuesta?

Como se aprecia, la exposición de motivos del proyecto de ley carece de datos, fuentes, argumentos y evidencias; el aprobatorio voto por unanimidad es producto del desconocimiento tanto de quien lo promueve como de la mayoría de congresistas que avalan populismos con el ánimo de hacerse de réditos políticos so pretexto de “necesidad e interés público”. Se trata pues de proyectos de ley donde los intereses políticos desplazan a la lógica y la razón, y se aprovechan de la necesidad para beneficio propio. Esta ley forma parte de tantas iniciativas de corte populista que engatusan a la población y que, o no llegan a implementarse o se implementan con una precariedad tal que no brindan calidad educativa y solo aumentarán el número de profesionales mal formados.

No es novedad que gran parte de nuestros congresistas tengan serias falencias argumentativas, ya que desconocen la función parlamentaria o la importancia de este poder del Estado. Así, en lugar de fortalecer la calidad educativa, terminan minando los avances logrados a través de la SUNEDU, promoviendo con sus votos la creación de universidades bamba que funcionan en el segundo piso de algún chifa.