Terrorismo de Estado

El ex fiscal Avelino Guillén, en una elocuente entrevista ofrecida el 23 de Enero a Javier Torres Seoane en su programa “Al filo” de la Mula.pe, sostiene que las tácticas policiales que viene desplegando la Policía Nacional del Perú, más que meros abusos, constituyen una política deliberada. Disparar a matar, romper con una tanqueta una reja de acceso al campus de la Universidad de San Marcos, invadirla con cuatrocientos policías y detener arbitraria y violentamente ––sin presencia de fiscales o abogados–– a casi doscientos estudiantes y personas que habían llegado de diversas provincias para la marchas; patearlos, enmarrocarlos, insultarlos, humillarlos, terruquearlos, mientras un helicóptero sobrevolaba campus; desplegar camiones portatropa en las afueras de otro campus universitario (la UNI), todo ello estaría destinado a provocar una respuesta violenta y un ambiente de caos que haga imposible convocar a elecciones en un futuro cercano. La meta del gobierno, sostiene Guillén, sería quedarse en el poder hasta 2026.

De este modo, Dina Boluarte, quien, a decir de Guillén, cogobierna con el señor Williams, presidente del Congreso, buscaría también seguir evitando asumir su responsabilidad por los cerca de cincuenta muertos ocasionados por las FFAA y policiales en la represión a las protestas, en connivencia con un tinglado mediático-empresarial siempre ávido de encontrar “terroristas” donde no los hay, así como con la propia Fiscal de la Nación, cuyo comportamiento ha dejado mucho que desear, por, entre otras cosas, desarticular varias fiscalías de Derechos Humanos cuando más se necesitan, y expandir las que investigan el delito de terrorismo, haciendo gala de un patética desubicación histórica que no es casual. Ahora, todo ha quedado aceitado para ir a la caza de “terroristas” en universidades públicas, organizaciones sindicales y de derechos humanos, federaciones campesinas y estudiantiles, manifestaciones pacíficas, bibliotecas y más.

Para los que tenemos edad de recordar –o hemos vivido– el accionar terrorista de Sendero Luminoso, es difícil no compararlo con las tácticas represivas del gobierno de Boluarte. De la misma manera en que policías y militares vienen matando, azuzando la violencia e intimidando a civiles que protestan contra el gobierno, Sendero buscó sembrar pánico entre las poblaciones civiles con un baño de sangre, con la finalidad de provocar una respuesta “fascista“ del Estado, desplegando un lenguaje polarizante que obligaba a la sociedad a dividirse en dos campos: Sendero o el “Estado fascista“. Sin embargo, en las antípodas de los manifestantes de hoy, absurdamente acusados de “terroristas” por exigir democracia, Sendero la atacaba. Inició su insurgencia petardeando el proceso electoral de 1980 y se abstuvo de participar en elecciones. En ese contexto, provocar el surgimiento de un “Estado fascista” iba a costar muchas vidas, lo que a Sendero le tenía sin cuidado. Hoy, el Estado fascista (sin comillas) que anhelaba Sendero se ha hecho realidad después de más de cuatro décadas, pero sin Sendero.

Por eso, el cogobierno Ejecutivo-Congreso y su tinglado mediático-empresarial están tan desesperados por revivirlo. Necesitan un chivo expiatorio para distraer la atención de su propia violencia, justificar lo injustificable. Como si no existieran cientos de videos y docenas de autopsias como prueba de sus crímenes, que incluyen asesinatos por impacto de proyectil de arma de fuego en el cuello, al tórax, la cabeza y a la espalda, o el pecho de civiles desarmados, incluyendo niños; balas de guerra que destrozaron sus cuerpos, en algunos casos cuando auxiliaban heridos o huían de las balas.

Como bien apunta Guillén, y coincide Laura Arroyo en una columna anterior en este mismo boletín, Dina Boluarte no gobierna, cogobierna con el Congreso. Y, por ello, sostenerla es sostener también a Williams, enfatiza Guillén. La única manera de salvar los jirones de democracia que nos quedan es perseverar en la renuncia de Boluarte y de Williams, como se exige en las calles; que se elija una nueva junta directiva en el Congreso para que convoque inmediatamente a elecciones, como manda la Constitución. Si bien es difícil saber quién, en un Congreso con tan clamoroso déficit democrático y de sensatez, podría integrarla, siento que esta incertidumbre (donde siempre cabe una esperanza) es mejor que la indignidad de seguir observando, impávidos, cómo este gobierno desalmado continúa vejando y matando a ciudadanos con pavorosa impunidad.