“Terruqueo” e impunidad a 20 años de la CVR

Se cumplen 20 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en un contexto sumamente adverso en Perú, marcado otra vez por la represión estatal, la violación a los derechos humanos, la impunidad y la indiferencia de varios sectores de nuestra sociedad. Otra vez, muertes, asesinatos, torturas, “terruqueo”, impunidad, y muchas historias por conocer.

Me animo a compartir algunas de mis reflexiones sobre estos 20 años, pues considero que la CVR fue un hito, un proceso importante en nuestra historia reciente. Me animo también porque muchas veces es difícil, para personas con historias como la mía, ser parte de muchos de los eventos que se realizan, y sobre todo porque quiero aportar de esta forma a luchar contra quienes nos quieren imponer una lectura del pasado, que legitima las violaciones a los derechos humanos y al sistema neoliberal que tanta muerte está causando.

Estas reflexiones tienen que ver con la impunidad, que todavía marca nuestra sociedad; también con la violencia y el autoritarismo que estamos viviendo, y que como parte fundamental de sus estrategias de legitimación tiene al “terruqueo” y la imposición de la verdad fujimorista. Tiene que ver también con mi historia personal, pues está ligada muy de cerca al proceso de la CVR, pero sobre todo a lo que desencadenó en mí la publicación del Informe Final.

Sí, mi vida, mi historia, y la de la CVR se cruzan, se contienen. Todo eso aunque yo no fuera parte del proceso. Yo no fui parte de quienes dieron su testimonio ante la comisión, ni tampoco parte de quienes participaron en las audiencias públicas para denunciar lo que habían vivido. En esa época aún no había decidido contar públicamente lo sucedido con mi padre. Fue el informe final de la CVR el que me dio el impulso final.

A pesar de no haber sido parte del proceso, considero que uno de los procesos más importantes de la CVR fue recabar más de 16,000 mil testimonios de dolor pero al mismo tiempo de lucha y realizar las audiencias públicas, donde miles de peruanxs pudieron conocer la dimensión del horror vivido. Este proceso fue en su momento reparador. Un momento en el que se sentía que el Estado reconocía el sufrimiento, pero también la lucha por verdad y justicia de miles de personas. Fue también a partir de todo ello que se construyeron los casos que la CVR visibilizó en su informe final. Parecía que el Estado y la sociedad peruana iban a realmente afrontar y aprender de lo vivido.

Han pasado 20 años y podemos constatar que lamentablemente contar no basta, si eso no se articula con procesos que conduzcan a construir justicia. Por ejemplo, de los 53 casos que la CVR entregó al Ministerio Público recomendando su inmediata judicialización, más de la mitad siguen impunes; 23 de ellos están aún en juicio, y 8 han tenido sentencias en las que absuelven a los responsables. Uno de esos casos es el de mi padre, Rafael Salgado Castilla, quien el 17 de abril de 1993 fue torturado y asesinado a manos de efectivos de la policía peruana por ser del MRTA.

Son 30 años en los que yo y mi familia convivimos con la impunidad que atraviesa nuestras vidas. Por eso la conozco de cerca. Cómo no...si de niño fui víctima de varias violencias: política, económica, familiar y sexual- y casi todas siguen impunes, a pesar que llevo años denunciándolas pública y legalmente. Por eso para mí, afirmar que en el Perú la impunidad es histórica y estructural, no es solo producto de lo que conozco de la historia de mi país, mi propia vida es un ejemplo de ello.

Y no somos pocos ejemplos, aun hoy hay 19 mil personas desaparecidas. Hay más de 200 mil personas que esperan que se cumplan las promesas de las reparaciones. Hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos que esperan por un juicio y una sentencia justa. Todo eso sigue impune.

La impunidad está ahí presente, nos envuelve, se convive con ella de muchas formas, se le acepta. No se trata solo de muertes o desapariciones como tantos casos que siguen impunes luego de la guerra interna. Hablamos también de la corrupción que enriquece a unos pocos y queda impune. Hablamos de las empresas que se enriquecen mientras contaminan y destruyen nuestros territorios, y todo queda impune. Hablamos de miles de feminicidios que siguen impunes. Hablamos del racismo y clasismo que divide a nuestra sociedad, que beneficia a unos pocos, y queda impune.

Hablamos de todo lo que viene pasando en Perú desde el golpe de Estado del 7 de diciembre, que frente a las manifestaciones populares respondió con el terrorismo de Estado, y ha cobrado la vida de 70 personas, de las cuales por lo menos 49 fueron asesinadas por policías y militares. Frente a ello, en vez de investigar qué pasó y aplicar justicia, el Estado peruano viene archivando los casos y dejando en la impunidad todo lo vivido.

Es importante ver como al mismo tiempo que se promueve la impunidad, se la legitima “terruqueando”. Sí, esa estrategia que muchas veces entendemos ligeramente como una forma de deslegitimar al adversario, es también usada para legitimar, y dejar en la impunidad, las violaciones a los derechos humanos de la represión estatal, pues al final esos que murieron, nos dicen, “eran terroristas”.

Hoy en día, en el Perú, se combate de manera más frontal al “terruqueo”. Lamentablemente, todo eso pierde fuerza porque en el Perú los derechos humanos no son para todxs. Si se trata de la violación a los derechos humanos de algún miembro de los grupos subversivos – SL o el MRTA – muy pocas voces se alzaran para reclamar justicia. No importa que hayan sido violados, torturados, asesinados, desaparecidos, encarcelados inhumanamente. No importa, una persona que es considerada terrorista, no tiene derechos y puede ser violentada, en el Perú de hoy.

Hace solo exactamente un mes, el 28 de julio, escuchamos a Dina en su mensaje a la nación, pedir perdón a las víctimas, dijo que "el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos”. Lo dijo pero terminó culpando a los manifestantes, “terruqueando”, y no dijo nada sobre investigaciones o justicia. Solo que iba a darle dinero a los familiares de las víctimas.

Más allá del descaro, del cinismo del discurso de Dina, de pedir perdón y no hacer nada, siento que lo que está detrás de esta afirmación vacía es la fuerza del “terruqueo” y la impunidad. Saber, o creer, que no les pasará nada, que a pesar de los asesinatos, a pesar que se demuestra poco a poco que fueron decisiones políticas que ocasionaron estos asesinatos, se sienten seguros pues controlan al Poder Judicial.

No podemos ver todo esto que describo como casos aislados. Hay algo que articula todo: la imposición de una lectura del pasado en la cual los salvadores de la democracia serían el fujimorismo y los militares. Una lectura que justifica los crímenes de lesa humanidad puesto que estaban combatiendo ayer y hoy al terrorismo; que justifica el autogolpe de Estado de Fujimori porque así salvaron la economía y la democracia peruana, instaurando un sistema neoliberal que nos convirtió en el país con más muertes por habitantes en el mundo durante la pandemia.

Se impone una sola lectura de nuestro pasado reciente, al mismo tiempo que se silencias otras voces que la cuestionan. Pero ojo, esas voces, no solo estamos cuestionando lo que dicen frente a la guerra interna. Esas voces están cuestionando que modelo neoliberal que destruye vidas y territorios. Querer callarnos no implica solo que no contemos, implica también que no hagamos política, que no seamos parte de las decisiones que impactan nuestras vidas. Quieren callarnos para alejarnos de toda posibilidad de decidir y de tomar nuestros destinos en las manos. Y cuando no nos callamos, cuando protestamos en las calles, matan, como viene pasando en el régimen de Dina Asesina.

No podemos permitir que siga este régimen, pero sobre todo no podemos dejar que todo quede impune, los crímenes de hoy y del pasado. No podemos permitir que los derechos humanos no sean para todos. No podemos permitirlo porque la impunidad nos viene quitando la esperanza, haciendo sentir a millones de personas que nada nunca cambiará. Nos quita la confianza en que podemos hacerlo diferente. Nos hace creer que todos los políticos son iguales y que solo quieren llegar a serlo para enriquecerse.

Y es por eso que una parte de lucha contra la impunidad es contar. Visibilizar esas otras historias que hablan de los horrores de la guerra, de esos que dan cuenta de los crímenes del terrorismo de Estado. Esas historias que hablan de luchas, de personas y movimientos que vieron en la política una forma de cambiar la realidad de nuestro país y no solo de beneficiarse. Por eso valoro más la CVR y pienso que sí, que en definitiva ha sido, como sostiene mi querido amigo Eduardo Gonzales Cueva, más que un Informe Final, ha sido el inicio de un proceso que tenemos que retomar.

Por eso cuento mi historia, por más incómoda que sea para ciertos sectores de la sociedad peruana. Cuento, pues, es mi forma de luchar contra el “terruqueo” a pesar de los ataques, de los insultos, del odio que recibo. Cuento, porque estoy seguro de que sin conocer historias como la mía, no podremos comprender toda la complejidad de lo ocurrido durante la guerra interna. Cuento, para generar brechas en la verdad oficial, para crear puentes, para promover espacios de diálogo entre diversas memorias, apostando a que la memoria sea una lucha que nos una en la construcción de un país sin impunidad, justo y en paz.