¿Transición forzada?

Mientras el presidente Castillo participa en la Cumbre de las Américas, en Lima avanza a trompicones la oposición que dentro y fuera del Parlamento busca terminar con su mandato. Ese y no otro es el sentido de la enésima reforma política iniciada en el Congreso con la aprobación en la Comisión de Constitución del retorno del Senado y la reelección congresal. Como se recuerda, ambas medidas fueron ampliamente rechazadas por la ciudadanía en el Referéndum de 2018.

Más que un espíritu reformista, se trata de una nueva fórmula en el empeño de remover del cargo a Castillo y se suma a iniciativas por ahora fallidas como la denuncia de supuesto fraude presidencial, las dos tentativas de vacancia y la búsqueda de la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte. En el cálculo de sus impulsores pesa cada vez más el malestar ciudadano contra el Legislativo, por lo que podría decirse que esta reforma es vista como un “puente de plata” por algunos legisladores, quienes tratarán de conseguir una curul en una nueva elección. A todo ello hay que agregar la amenaza sobre los organismos del sistema electoral, a quienes el actual Congreso viene desafiando con cambios en las reglas de juego de las elecciones de octubre y otros, que son parte de la reforma planteada.

A la par, avanza una negociación mucho más compleja: la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, de la que podría salir el próximo presidente o presidenta de la República, en la eventualidad de que las bancadas decidan forzar una transición de espaldas a la ciudadanía. Y todo indica que el Congreso está construyendo ese escenario. Por ahora, y debido a los enormes apetitos que despierta ceñirse la banda presidencial, no hay consenso, y las aspiraciones de continuidad de María del Carmen Alva pueden darse por canceladas luego de la difusión de dos audios en los que se aprecia su escasa vocación democrática, su talante autoritario y su ansia por el poder.

Mientras esto ocurre en el Congreso, el gobierno sigue atrapado en los constantes recambios ministeriales y la consiguiente renegociación con sus aliados. A ello se suman las investigaciones del Ministerio Público, que han llevado a la clandestinidad a varios miembros de su entorno directo como el ex ministro Juan Silva, el ex secretario Bruno Pacheco y sus sobrinos. Agotada la iniciativa de los Consejos de Ministros Descentralizados, sin capacidad de reacción frente a la crisis agroalimentaria y sin saber cómo enfrentar conflictos sociales como Las Bambas, el gobierno parece hoy el principal interesado en adelantar su propio final.

En Noticias SER hemos insistido en que no hay salida fácil ni de corto plazo a la gravísima crisis política. En ese sentido, el adelanto de elecciones no es en sí mismo una solución a los retos presentes y solo servirá para que una nueva o vieja mafia se instale en Palacio; sin embargo, ese es el camino al que nos conduce Pedro Castillo con su manifiesta incapacidad y su involucramiento cada vez más evidente en los delitos cometidos por su entorno de confianza.