Tres meses de violencia estatal en el Perú con Estados Unidos como aliado

El Perú está de aniversario. Se cumplen tres meses del inicio de las mayores protestas antigubernamentales de las últimas dos décadas, reprimidas con la peor violencia estatal registrada en el mismo período. Hoy, el 73% de los peruanos exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien se aferra al cargo recurriendo a una política de brutal represión. Más de mil civiles han resultado heridos, y 48 peruanos, todos residentes fuera de la capital, han sido asesinados por la Policía y el Ejército del Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha calificado estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”; y Amnistía Internacional señala que esta “violencia estatal letal” tiene “un marcado sesgo racista”.

Mientras varios gobiernos de la región han condenado las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el Gobierno peruano, Estados Unidos sigue sin sumarse con claridad a estas voces de denuncia. Por el contrario, Washington envía constantes mensajes de apoyo al actual régimen peruano. Esta actitud puede estar fortaleciendo al Gobierno de Boluarte y contribuyendo a su sensación de impunidad. A la fecha, no existe ningún responsable por las tres masacres documentadas durante su presidencia; y desde enero el Ministerio Público ha desmantelado unidades de investigación que tenían la tarea de llevar justicia a las víctimas.

Si bien el catalizador de las protestas fue la remoción y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo —luego de su intento de cerrar el Congreso para evitar su vacancia—, las raíces de la crisis son mucho más profundas y exponen problemas de larga data, como el racismo estructural y la disfuncionalidad del sistema político que imperan en el país. Solo el 13% de los peruanos residentes en áreas rurales —que incluye a la mayoría de campesinos y población indígena— tiene acceso a la red de agua y desagüe, en comparación con el 84% de residentes en áreas urbanas. Este contraste ilustra la impactante desigualdad, y la gran brecha social y económica del Perú. A la par que la rotación de seis presidentes en los últimos cinco años evidencia el grado de inoperancia de la democracia peruana.

La administración Biden ha sido el aliado por excelencia del Gobierno liderado por Boluarte. El día de su toma de mando, en diciembre pasado, un alto funcionario estadounidense manifestó que Washington “celebraba” su designación. Y cuando el número de muertos por la violencia estatal alcanzaba los 20 civiles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, telefoneó a la mandataria peruana para expresarle el deseo de la Casa Blanca de “trabajar de cerca” con ella. Durante la llamada, Blinken no mencionó ni la represión ni los asesinatos en curso. Es más, la embajadora de EE.UU. en Perú, Lisa Kenna, reforzó este mensaje al anunciar la entrega de ocho millones de dólares adicionales para los programas de erradicación del cultivo de hoja de coca en el Perú. Este anuncio de gran simbolismo significó casi triplicar la contribución actual total de EE.UU. al referido programa.

Kenna también ha sostenido reuniones públicas con miembros del gabinete de Boluarte mientras la represión policial-militar se profundizaba. Incluso, se reunió con el ministro de Defensa un día después del violento allanamiento a la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, donde unos 200 estudiantes, visitantes indígenas y varios periodistas fueron golpeados y arrestados injustamente.

Anualmente, el gobierno de EE.UU. proporciona al Perú unos 47,8 millones de dólares en ayuda para temas de seguridad. Preocupados por que este monto pudiese contribuir a las violaciones de los derechos humanos ejecutadas por el Gobierno peruano, veinte congresistas demócratas de EE.UU., incluida la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, enviaron una carta al presidente Biden solicitando suspender esta contribución. Sin embargo, la misma semana en que se hizo pública la carta, la canciller peruana, Ana Gervasi, viajó a Washington y demostró que el Ejecutivo estadounidense sigue de su lado. El Departamento de Estado divulgó un comunicado ratificando “el apoyo de Estados Unidos a la presidenta Boluarte y sus esfuerzos por afianzar la democracia del Perú”, tras una reunión entre la canciller y la vicesecretaria del Departamento de Estado, Wendy Sherman.

Lo cierto es que la presidencia de Biden se equivoca al sostener que el gobierno peruano está encaminado a fortalecer la democracia y llamar a unas nuevas elecciones generales —como respaldó recientemente un funcionario estadounidense. Por el contrario, el régimen de Boluarte limita cada vez más la libertad de expresión impidiendo la movilidad de la ciudadanía, publicando un protocolo que coarta la labor de la prensa y acusando injustamente a los manifestantes de “terroristas y criminales”. Incluso, la canciller peruana tuvo que admitir en una entrevista con el New York Times que el gobierno peruano carece de pruebas que fundamenten estas acusaciones.

Hoy, la presidenta Boluarte es el principal obstáculo para la celebración de las elecciones en el presente año, como la gran mayoría de peruanos demanda. Según la Constitución peruana, la única forma legal de convocar los comicios para 2023 es a través de la renuncia de la mandataria. Pero ella ha dejado en claro que no tiene intención de dimitir, a pesar de que es evidente su incapacidad para cumplir con las funciones presidenciales básicas. Por ejemplo, no circula con libertad en las localidades a las que viaja como presidenta, debido al enorme rechazo que genera. Expertos sugieren que su negativa a dimitir está relacionada con el hecho de que perdería su inmunidad presidencial, que actualmente la protege de ser procesada penalmente por las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante su gestión.

Si la administración Biden está realmente comprometida con respaldar la democracia en el Perú, debe tomar medidas concretas para promoverla y defenderla. Un paso crucial sería dejar de expresar y brindar apoyo a un gobierno que continúa reprimiendo sangrientamente a su pueblo. Otro paso podría implicar la promoción de mecanismos que garanticen una representación de las comunidades históricamente marginadas que protestan hoy. En este sentido, una medida urgente que necesita el Perú para democratizar el país es flexibilizar los requisitos prohibitivos para registrar a sus partidos políticos. Actualmente, el sistema de partidos está diseñado para excluir de la arena política a la mayoría de movimientos que no cuenten con enormes capitales financieros, lo que permite que los partidos existentes se conviertan en vehículos electorales para quienes tengan los medios para comprarlos. Por ejemplo, a pesar de recibir 2,8 millones de votos y casi pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2016, Verónika Mendoza, una de las políticas progresistas más reconocidas del Perú, sigue sin obtener un registro oficial para su partido. No sorprende entonces que los ciudadanos estén tomando las calles para exigir una nueva Constitución que permita una reforma democrática significativa.

La ciudadanía peruana deberá trazar su propio camino hacia la democratización. Pero es menos probable que esto suceda si las autoridades políticas que atacan la democracia y violan los derechos del pueblo continúan recibiendo el respaldo y el pleno apoyo de un país tan poderoso como lo es Estados Unidos.