Un cadáver impaciente por el desorden político

El reciente debate sobre qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán ha estado signado por la misma precariedad, desorden y falencias del ciclo político que estamos viviendo. Al final se ha llegado caótica y lentamente a una solución que cierra la controversia pero no satisface a nadie.

Un caso no previsto en las normas

Al ocurrir la muerte de Guzmán, las normas que regulaban sobre cómo proceder con los restos de un interno habían sido dadas para el común de los presos. Reconocían el derecho de sus familiares a recibir y sepultar el cuerpo del fallecido como quisieran. Sin embargo, Abimael Guzmán no era un preso común. Era el principal responsable de los crímenes terroristas de Sendero Luminoso, que han sido crímenes muy sensibles para muchísimos peruanos. Sin embargo, aún tiene seguidores que, literalmente, le vienen rindiendo culto hace tiempo.

Por lo tanto, era muy razonable la previsión de que, al colocar sus restos en una tumba normal, esta se convertiría en un lugar de culto y apología al personaje por parte de sus seguidores. De hecho hay antecedentes de esas prácticas entre los senderistas que aún subsisten, especialmente en el llamado Movadef. Por otro lado, también era previsible que, si se consideraba únicamente el derecho de la familia de Guzmán, eso terminaría afectando a los derechos fundamentales a la paz, la tranquilidad y la seguridad personal de los peruanos, en general, y en particular de los deudos de las decenas de miles de víctimas del terrorismo senderista.

¿A quién no quiso molestar el Ejecutivo?

Frente a esta circunstancia, no prevista por las normas existentes, y en la que entraban en conflicto dos derechos, era necesaria una nueva norma que hiciera la debida ponderación y optara por el derecho que se considerara menos perjudicial para el interés común. La manera más efectiva y rápida de producir esa norma era mediante un Decreto Supremo del Ejecutivo, como propuso el Ministerio de Justicia. Pero el Gobierno decidió eludir esa responsabilidad y soplarle la pluma al Congreso de la República. ¿La razón? La única discernible es que no quería malquistarse con varios personajes del gobierno, y de su bancada en el Congreso, que tienen una actitud por lo menos indulgente frente al senderismo.

El fujimorismo promovió una ley a la medida de sus intereses

El Congreso debatió entonces un proyecto de ley de la Fiscalía de la Nación que otorgaba a jueces o fiscales la facultad de decidir sobre el destino del cadáver de un preso “cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”. Las bancadas de ultraderecha no desaprovecharon el obsequio que les hizo el gobierno al cederles la última palabra sobre este asunto. Y lo hicieron en dos sentidos: para mostrarse otra vez como los campeones del antiterrorismo -como si no tuvieran en su pasado al terrorismo estatal del Grupo Colina-. Y para volver a acusar al gobierno de ser un grupo filoterrorista que no se atrevía a decidir sobre el caso.

Al final aprobaron una ley que dispone explícitamente la cremación del cadáver de presos por haber cometido “delitos de traición a la patria o terrorismo”, o haber liderado organizaciones terroristas, y cuyo sepelio o inhumación ocasione peligro para la seguridad o el orden interno. Esta ley puede ser cuestionable en varios de sus aspectos. El primero de ellos es su evidente sesgo fujimorista pues no se aplica para presos sentenciados por crímenes tan graves como los del Grupo Colina, los de Vladimiro Montesinos o los del propio Alberto Fujimori. También tiene un defecto grave que podría ser causal para su invalidación posterior pues dispone que la resolución del fiscal a cargo no es impugnable, lo cual viola el principio de doble instancia. Por otro lado, regula con excesivo y morboso detalle qué se hará con las cenizas de la cremación. Y finalmente, no ha considerado que se permita a la familia del preso fallecido que pueda ver por última vez al fallecido, antes de la cremación.

La controversia entre dos derechos

También hay críticos más profundos de esta ley, que sin ser necesariamente simpatizantes del fujimorismo, ahora, por razones humanitarias, han considerado retardatario que se haya arrebatado el derecho de la familia a recibir y sepultar al fallecido. Consideran además que es excesiva la preocupación por el culto a Abimael Guzman o la apología al terrorismo que se podría generar con una tumba o mausoleo con su nombre.

Lo que este punto de vista subestima en exceso es la ya conocida y arraigada práctica senderista de rendirle culto de muy diversas maneras al mesiánico fundador y líder de su corriente, culto sembrado y construido durante largos años por el propio Abimael. Se trata de una práctica mística que se expresa en las diversas denominaciones semirreligiosas que le han dado a este personaje: Sol Rojo, Cuarta Espada.

También se manifiesta en las dimensiones históricas extraordinarias que le atribuyen a Guzmán. Ahora mismo ya han comenzado a compararlo con Espartaco y con Túpac Amaru. Sin ninguna duda, el culto abimaelita va a acentuarse durante un tiempo. El gran problema es que esta cuasirreligión no predica la paz, la fraternidad o la compasión o el amor como las religiones convencionales. Predica y exalta al terror como arma política y eso tiene que ser reprimido sin vacilaciones en un país que ya sabe a qué infiernos conduce.

Por otro lado, también se subestima el derecho de la gran cantidad de deudos de las víctimas del terror senderista y de los peruanos en general a que se cautelen sus derechos fundamentales a su tranquilidad, paz y seguridad, pero también a su dignidad e integridad moral y síquica que serían afectados si se le abre el paso a ese tipo de lugares de culto.

Lamentablemente para la familia de Abimael, es decir su esposa y camarada Elena Iparraguirre, también cómplice y responsable de sus crímenes, su derecho ha colisionado con los derechos de muchísimos otros peruanos que queremos vivir en paz. Si ambas partes hubieran tenido un litigio judicial, serían los derechos de estos últimos los que hubieran prevalecido ante un juez que resolviera de manera racional, objetiva, situada en el Perú de hoy y que considere seriamente los efectos futuros de su decisión.

Finalmente, no es cierto que solo mentalidades cavernarias, extremadamente autoritarias y cuasi fascistas, podrían haber sido partidarias de la cremación como manera de prevenir situaciones indeseables a futuro. Personas conocidas por su compromiso con los derechos humanos y el equilibrio de sus reflexiones han opinado a favor de esa opción, aunque seguramente también tienen reparos a la ley aprobada en el Congreso. Entre ellos: Salomon Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad; el psicoanalista Jorge Bruce; el novelista Santiago Roncagliolo; el fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, y otros.

Una solución precaria y defectuosa como el ciclo que estamos viviendo

Cabe decir, por último, que esta controversia sobre un caso que no era muy complejo, no se está cerrando de una manera satisfactoria para nadie. La solución fue encontrada lentamente y a tropezones. Es parcial, defectuosa, sesgada hacia el interés particular de algunos partidos y grafica la imprevisión, la precariedad, la polarización y la inestabilidad del momento político que estamos viviendo. El último adiós de Abimael Guzmán, que debió ser rápido y sin estridencias, terminó siendo largo y tortuoso. El actual ciclo de gobierno sigue funcionando a las justas y sin los consensos básicos que le den estabilidad y rumbo previsible, por lo tanto continúa expuesto y vulnerable a probables crisis mayores.