Un dictamen nefasto para el país
La universidad peruana, como tantas otras instituciones de nuestro país, fue capturada hace tres décadas por diversas mafias, que aprovecharon el marco legal que liberalizó la educación durante el gobierno de Alberto Fujimori. Traficantes de la educación se dedicaban a estafar a miles de estudiantes y sus familias con una mediocre formación que no servía para mucho más que contar con un cartón de escaso valor profesional. Y como toda gran estafa esa oferta fue un gran negocio.
Por ello, desde que la SUNEDU comenzó a denegar licencias de funcionamiento a varias de estas universidades negocio, los grandes mercaderes de la educación buscaron traerse abajo la ley 30220, usando para ello todo su poder e influencia legislativa y judicial. Con el mayor descaro, quisieron incluso utilizar a los estudiantes estafados por ellos, movilizándolos en contra de las medidas de control de calidad que puso en marcha la SUNEDU.
Hoy, parlamentarios de bancadas supuestamente ubicadas en las antípodas del espectro político, como Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular y Perú Libre, se han puesto de acuerdo en la Comisión de Educación para aprobar un dictamen que busca otorgar un nuevo plazo de dos años a aquellas universidades que no lograron el licenciamiento y además cambiar la composición del consejo directivo de la SUNEDU.
Como era de esperarse, se han producido diversas reacciones contrarias a este dictamen, en particular desde el mundo universitario, lo que da cuenta del respaldo del trabajo de la SUNEDU ante la opinión pública. Sin embargo, resulta lamentable la posición del ministro de Educación Carlos Gallardo y la vicepresidenta de la República Dina Boluarte que en nombre de un supuesto interés de los estudiantes de las universidades no licenciadas, no han rechazado tamaño despropósito parlamentario.
En Noticias SER condenamos este intento de desmantelar la SUNEDU, en el que se han coaligado fuerzas políticas de izquierda y derecha que, más allá de sus discrepancias en otros temas, están mostrando en las últimas semanas la naturaleza reaccionaria de sus posiciones políticas. Invocamos a la ciudadanía y sobre todo a los y las estudiantes de nuestro país, a defender el derecho a recibir una educación de calidad, y a no ceder a los cantos de sirena ni a los lobbys de las mafias universitarias.