Un Perú, dos Estados

Ahora que el presidente Sagasti se ha volado de plano una o dos promociones de oficiales generales, se ha levantado polvo. “¡Anatema!”, “¡maldito sea ipso pucho Sagasti!” Los unos – harán juicio y quizá ganen – por que se respete la cadena de mando y los otros – outsiders – por que estuvo bien la decisión. Yo, de los últimos.

La verdad es preocupante que ellos – incluyo a los de las FF.AA. – aunque los civiles digamos siempre “que no son deliberantes”, lo son.

En teoría, ellos se supeditan al poder del estado – si quieren poder civil – en todo el sentido de la palabra[1]. ¿Y cómo es qué ellos pueden plantear demandar al Jefe Supremo por la decisión que toma? Se enseña a rajatabla desde las escuelas básicas que: “las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones y son responsabilidad del superior que las imparte”. La pregunta es: ¿Cuándo si hay debida obediencia y cuando no la hay? Se entiende que la obediencia trae consigo la sujeción al superior – Jefe Supremo. Presidente – y que éste tiene la capacidad de decidir sobre las órdenes que da a sus subordinados. Pero ellos han alzado su voz reprochando al Jefe Supremo el pase a retiro de casi una veintena de generales. Otros ofendidos hasta la pared del frente han renunciado.

Pero cuando el Jefe Supremo ordena que un general se quede, ni chus ni mus. Ahí sí, ¡está en su derecho!

Han apelado a que ellos tienen un reglamento interno – no sé si con rango de ley – por el cual el presidente debe – así, debe, ni siquiera puede, debe – respetar el orden de mérito para el ascenso a cargos de nivel superior, entre ellos la Comandancia General. Y vaya, dicen que lo pueden denunciar y pueden ser reintegrados con su rango y cargo. Lo peor es que ya ha habido casos, es decir que hay jurisprudencia.

En pocas palabras, ellos son un poder paralelo dentro del estado. Eso hace tiempo se entiende. Tienen su propio Poder Judicial. Hospitales. Colegios. Residencias familiares. Creo se me escapan otras más. Todo ello al margen del control civil.

Ahora, respecto a la propuesta del control civil – léase poner profesionales civiles del estado gobierno en la administración de las FF.AA. y FF.PP. – han pegado grito al cielo. Han dicho ellos que ya los tienen y con el anglicismo del con “expertiz”.

Es verdad que los tienen. Pero todos tienen la condición de asimilados. Lo dicho significa que se someten al orden militar – policial. O sea, están subordinados al superior, que muchas veces no es un profesional. Esto es gravísimo por el historial de corrupción que se tiene en las fuerzas armadas y policiales. Bajo el amparo del secreto de la seguridad nacional se han realizado compras sobrevaloradas de millones. Muchos hablan del pobrecito general fujimorista EP Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Ahora. Pero en el conflicto del Cenepa este sinvergüenza se robó unos ocho millones de dólares de lo destinado al rancho de los combatientes. Hasta hace poco, el general Donayre se robó millones en gasolina. ¿Alguien podía denunciarlo? No. Se considera insulto al superior. Y en la policía otro tanto. No hay tiempo para nombres.

So pretexto de “expertiz” en adquisiciones bélicas especializadas muchos altos oficiales se han enriquecido. Si uno mira los signos exteriores de riqueza de muchos oficiales, incluso de menor jerarquía, es impensable lo que poseen. Uno puede ver a capitanes con carro y casa.

Bien el presidente Francisco Sagasti. Por las fuerzas armadas y policiales hay forados millonarios que salen de nuestros bolsillos. La Contraloría y SERVIR deben administrar el movimiento económico de los rufianes que hay a su interior.

[1] Artículo 167°.- El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.