Una CIDH con la reputación empañada tras sus labores en el Perú

La imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está bajo sospecha. El retraso inusual de un informe acerca de la actual crisis de derechos humanos en el Perú levanta cuestionamientos sobre una posible injerencia política. Otros dos sucesos alimentan la impresión de que la CIDH tendría mayor afinidad con el Gobierno de Dina Boluarte que con el pueblo peruano. El primero es el otorgamiento reciente de medidas cautelares a la fiscal responsable de debilitar las investigaciones en el estallido social peruano. El segundo está relacionado con que el Gobierno de Boluarte haya postulado, para un segundo periodo, a la comisionada que estuvo presidiendo la CIDH durante las lentas investigaciones en el Perú.

“La CIDH emitirá su informe país aproximadamente 30 días después de la visita, es decir, el 12 ó 14 de febrero”, declaró el relator de la CIDH Stuardo Ralón a mediados de enero, luego de visitar el Perú para analizar la situación de los derechos humanos. Por entonces, la Defensoría del Pueblo registraba cientos de heridos y 41 civiles muertos por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Esos datos eran suficientes para concluir que el Perú experimentaba la mayor represión estatal de las dos últimas décadas.

Sin embargo, han pasado más de 60 días desde las citadas declaraciones del comisionado Ralón, y el informe todavía no ve la luz. Peor aún, la CIDH no ha publicado ningún documento escrito con sus observaciones preliminares, a pesar de haber enviado dos delegaciones al Perú; la primera, en diciembre de 2022.

La demora es altamente irregular. Un análisis de los plazos de los informes de la CIDH en otros países así lo revelan. En 2021, la CIDH culminó su visita a Colombia en junio y, en menos de un mes, publicó su informe. Incluso en recientes delegaciones al Perú, la CIDH fue significativamente célere. Le tomó solo seis días en difundir sus observaciones sobre el estado de la institucionalidad democrática tras una visita solicitada por el expresidente Pedro Castillo.

Pero, además de irregular, la demora es cruel. Al pueblo peruano le corresponde que la CIDH —un órgano internacional financiado con fondos públicos— informe de la situación de violencia excesiva que sufre a manos del gobierno. La defensa de los derechos humanos es la principal función de la Comisión, y es para cumplirla que los Estados de la región, incluyendo el Perú, le otorgaron competencias a partir de su creación, en 1959.

La dilación del informe también contrasta con la urgencia con que ONGs de derechos humanos han abordado el estallido social en el Perú. A pesar de no tener los niveles de acceso a la información con los que cuenta la CIDH, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) o Amnistía Internacional compilaron un amplio registro de la represión letal del Estado y de su “marcado sesgo racista”. Fue producto del conjunto de estas denuncias documentadas que se obtuvieron algunos alivios para el pueblo peruano. España suspendió la venta de armamento antidisturbios al Perú; y el gobierno de Boluarte, buscando mitigar las críticas, anunció un “apoyo” económico para las víctimas mortales y los heridos de gravedad que causó su represión.

Estas medidas, si bien constituyen pequeñas rendijas de justicia, son insuficientes. Y aun así, ninguna fue conseguida gracias al desempeño de la CIDH. Por el contrario, los servicios de la Comisión se han empleado para proteger a una de las figuras más cuestionadas del Perú, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A inicios de febrero, la CIDH le otorgó medidas cautelares. Paradójicamente, la fiscal Benavides es la razón de que hasta hoy no haya ni acusados, ni detenidos, por las muertes de civiles durante las protestas. A principios de año, ella desmanteló unidades de investigación especializadas en violaciones a los derechos humanos en el Perú. A cambio fortaleció las unidades de investigación antiterroristas, en un claro guiño a la falsa narrativa del régimen de Boluarte que vincula a los manifestantes con el terrorismo.

El proceder de la CIDH está lejos de ser inocuo. Su silencio ha beneficiado la imagen del gobierno peruano. Le ha regalado tiempo para seguir apareciendo en esferas diplomáticas, fingiendo ser un gobierno dialogante y respetuoso de los derechos humanos, manteniendo así los pocos respaldos que le quedan en la comunidad internacional. No obstante, su reputación dentro del Perú sigue en mínimos. El 80% de la ciudadanía peruana exige elecciones generales este mismo año para reemplazar a todas las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.

Durante la prolongada demora del informe, la peruana Julissa Mantilla estuvo presidiendo la CIDH, integrada por otros seis comisionados. Coincidentemente, el 14 de febrero último, alrededor de la fecha en que se esperaba la divulgación del informe sobre el Perú, el gobierno de Boluarte postuló a Mantilla para otro período de cuatro años en la CIDH. El anuncio —que no ha sido publicitado— plantea muchas interrogantes sobre un intento de influencia del gobierno peruano en las obligaciones de la CIDH, y sobre la susceptibilidad de esta a la presión política.

No sería la primera vez que este organismo es objeto de interferencias similares. En 2020, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, “embistió” contra la autonomía de la CIDH al vetar la recontratación de su Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Esta decisión, que contravino los reglamentos de independencia de la Comisión, se habría llevado a cabo para contentar a los gobiernos conservadores del momento: el Brasil de Bolsonaro, la Bolivia de Áñez, el Chile de Piñera y la Colombia de Duque. Estos habrían demandado la cabeza de Abrão que, desde su posición de liderazgo en la CIDH, publicó informes críticos con la situación de los derechos humanos en estos países.

La CIDH es el órgano de derechos humanos más relevante en la región, y uno de los principales mecanismos a disposición de los ciudadanos para denunciar abusos cometidos por autoridades gubernamentales. Para garantizar su efectividad, es vital salvaguardar su independencia y exponer cualquier injerencia política que intente entorpecer sus labores. Los pueblos de las Américas merecen una CIDH con la legitimidad intacta, independientemente de los gobiernos que estén en el poder. Los ciudadanos movilizados en las calles del Perú también merecen una Comisión que investigue e informe diligentemente la represión estatal impune que trata de acallarlos desde hace tres meses.