Una gestión pública en proceso de demolición

La administración pública de nuestro país no se ha caracterizado precisamente por ser un ejemplo de eficiencia, integridad, servicio a la ciudadanía y compromiso con los derechos de las personas. Y por ello está plenamente justificada la crítica de amplios sectores de la población que no encuentran respuestas a problemas cuya solución depende de decisiones burocráticas que nunca se adoptan o que acaban llegando mal y tarde.

Los sucesivos escándalos de corrupción que involucran a autoridades y funcionarios de todos los niveles e ideologías no hacen sino erosionar aún más la escasa confianza ciudadana en las entidades públicas y debilitan los precarios mecanismos de control creados para atender este problema.

En este escenario, el afán del presidente Pedro Castillo y su entorno por utilizar, sin rubor alguno y dejando de lado criterios básicos de idoneidad ética y profesional, a la administración pública como moneda para pagar favores políticos, conservar y atraer aliados circunstanciales, y en general para repartir puestos a sus partidarios, constituyen un duro golpe a todos los principios de Buen Gobierno y modernización del Estado que se han buscado instaurar, con mucha dificultad y resistencia, durante los últimos años.

Lo peor de todo es que la lista de personas nombradas en puestos de responsabilidad y confianza, que presentan cuestionamientos de carácter ético y cuyo único mérito es su cercanía al gobierno y sus aliados, se sigue haciendo más grande cada día. Esta situación no solo impactará en la gestión de las políticas públicas, sino reforzará esa perversa idea que practica el presidente de la República de que el Estado es la chacra del gobernante de turno. Además, más temprano que tarde, se acabarán demoliendo los escasos avances logrados en algunas políticas públicas esenciales para el país.

En Noticias Ser creemos que enfrentar este deterioro institucional no será una tarea sencilla, por lo que corresponde a las entidades de control y a los órganos de administración de justicia, redoblar esfuerzos para que la administración pública no siga deteriorándose más. Por otro lado, el Congreso de la República debería ejercer su rol de control político y fiscalización, pero ya sabemos que este poder del Estado solo actúa por cálculo o cuando se afectan los intereses directos de sus miembros. Ante ello, será la voz de la ciudadanía la que tendrá que pronunciarse antes de que se consume este proceso de demolición