¿Una protesta o muchas protestas?

Nuestro país esta experimentando en la última semana una creciente serie de protestas populares, tanto en la capital como en provincias, desencadenadas por el fallido intento del expresidente Pedro Castillo Terrones de imponerse sobre sus adversarios políticos mediante un golpe de Estado. Al final de la mañana del pasado miércoles 7 de diciembre, Castillo intentó “disolver” el Congreso, a la manera del vergonzosamente exitoso “Fujigolpe” del 5 de abril de 1992, que dio inicio al corrupto régimen político-militar del Triunvirato Fujimori-Montesinos-Hermoza. Temía Castillo, al parecer, que los vaivenes de Vladimir Cerrón y la hoy reducida bancada de Perú Libre ayudaran finalmente a sumar 87 votos, y que la tercera propuesta de vacancia presidencial en su contra fuese aprobada esa misma tarde. Este sorpresivo traspié político, que ahora se achaca a los errados consejos del asesor presidencial (y ex-premier) Aníbal Torres Vásquez y/o de la efímera primera ministra Betssy Chávez Chino, dió al Congreso el pretexto y la posibilidad de legitimar su propia voluntad golpista, sumando 101 votos para efectivamente vacar a Castillo.

Desde que el domingo 11 de abril del 2021 --cuando con apenas 19% de los votos válidos el candidato Castillo surgió como el sorpresivo vencedor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales--, hasta el miércoles pasado, no ha habido un solo día en que sus adversarios no lo hayan atacado. Nótese que la línea argumental de la derecha peruana, desplazada del control del Estado y sus recursos por el gobierno de Castillo, ha variado bastante en esos casi exactamente 20 meses de incesante acoso. Primero, lo objetaron porque era “un comunista”. Segundo, porque había ganado la segunda vuelta debido a “un fraude en mesa”. Tercero, porque era “un improvisado”. Últimamente, porque era “un corrupto”. Quizás la única acusación que no requiera mucha discusión sea la tercera: habiendo sido confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apenas 10 días antes de asumir el mando el 28 de julio del 2021, debido a las demoras causadas por la multimillonaria campaña del falso “fraude en mesa”, era imposible hacer una transferencia ordenada de la administración pública al nuevo gobierno. Las demás acusaciones son todas debatibles y algunas completamente falsas, y espero poder referirme a ellas en futuros comentarios.

Permítaseme por el momento recordar, con respecto a la segunda acusación, que durante la mentirosa y racista campaña del inexistente “fraude en mesa”, escribí un informe para Noticias SER tratando de explicar las razones del caos intencional de esas interminables semanas de junio y julio del 2021. Caos promovido por el revanchismo del fujimorismo derrotado de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, y de sus “competidores-pero-aliados”, los nuevos partidos de derecha: Avanza Perú (comprado por Hernando de Soto para poder candidatear y luego descartado tras su derrota) y Renovación Popular (el antiguo Solidaridad Nacional del difunto exalcalde Luis Castaneda Lossio, comprado y rebautizado por Rafael Lopez-Aliaga Cazorla, ahora novísimo alcalde de nuestra desdichada Lima).

En esa nota, del 21 de junio del año pasado, decía: “En paralelo a esta arremetida tinterillesca (del falso “fraude en mesa”) de los aliados del Fujimorismo, vemos todos los días nuevas acciones en la misma dirección (de negar el triunfo de Castillo). Cuestionar a las autoridades electorales, tratar de amedrentarlos, violentar las normas que emanan de la propia Constitución de 1993 que dicen querer defender. Amenazar a nuestro débil presidente transitorio, Francisco Sagásti, con favorecer a Castillo solo porque pide a ambos bandos esperar y respetar las decisiones del JNE”. Y, respecto a los personajes que intencionalmente generaban el caos político tratando de deslegitimar la voluntad popular que le había dado la victoria a Castillo (por apenas 0.25% de la votación en segunda vuelta), concluía: “Habrá que recordarles aquel viejo refrán a todos estos personajes (Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Lourdes Flores Nano, Víctor Andrés García Belaunde, Carlos Bruce, Óscar Urviola, Rafael López-Aliaga, Jorge Montoya Manrique): ¡quien siembra vientos, cosecha tempestades!”.

La vicepresidenta elegida con Castillo en la segunda vuelta del domingo 6 de junio del 2021, la abogada y funcionaria del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), Dina Boluarte Zegarra, ha jurado como presidenta de la República la tarde del 7 de diciembre. La transferencia ha seguido las normas establecidas por la Constitución, pero la posibilidad de que eso ocurriera solo se concretó dos días antes, el lunes 5 de diciembre. Ese día, el Congreso decidió archivar una acusación en contra de Boluarte, que había estado pendiente de resolución por meses. A inicios de este año se la acusó de infringir la Constitución por no haber renunciado a la presidencia del Club Apurímac y supuestamente haberse beneficiado en su condición de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La decisión de anular esta acusación contó con el apoyo de Perú Libre. Por eso, Castillo llegó a dudar que el miércoles 7 la bancada de Cerrón lo pudiera abandonar y sumarse a la vacancia. Esa incertidumbre parece haber desencadenado el fracasado intento de golpe.

¿Por qué razón, si Castillo, Boluarte y Cerrón eran “los comunistas totalitarios” de Perú Libre que llegaron amenazadoramente al poder en el “Año del Bicentenario”, con la ayuda de oscuros e inconfesables apoyos internacionales, han terminado enfrentados todos ellos entre sí? ¿Será que no son todos ellos tan monolíticamente “marxistas-leninistas-mariateguistas” como oficialmente se proclamaban en sus estatutos partidarios? ¿O estamos realmente ante una típica alianza electoral coyuntural, concertada por grupos distintos que se acomodaron bajo el logotipo de una agrupación con la autorización electoral vigente, que les permitía a todos ellos participar en los comicios y, quizás con suerte, llegar al Congreso? Este último objetivo, tanto Castillo como Cerrón, lo han reconocido en entrevistas con la prensa internacional a fines del año pasado.

El propietario del partido, oficialmente su “Secretario General”, es el neurocirujano Vladimir Cerrón Rojas. Perú Libre fue fundado como movimiento regional (2008), con el que Cerrón llegó al gobierno regional de Junín (2011-2014). En el año 2012 se registró la organización como partido nacional con el nombre de Perú Libertario. En el 2019 se fusionaron ambas agrupaciones. Aunque Cerrón fue nuevamente elegido en Junín (2019), fue suspendido por una sentencia judicial, condenado por corrupción durante su primer gobierno regional. Impedido de ser candidato en las elecciones del 2021, acogió en sus filas a Pedro Castillo, que se había hecho conocido como dirigente de la huelga magisterial del año 2017. Por su parte, Dina Boluarte se afilió a Perú Libertario en el 2018, siendo infructuosamente candidata a la alcaldía del distrito limeño de Surquillo. En las elecciones al Congreso del 20 de enero de 2020, Perú Libre obtuvo apenas 3.4% de la votación y ningún congresista. Con Castillo, en la primera vuelta del 2021, llegaron al 19% y obtuvieron 37 congresistas. En las últimas elecciones municipales y regionales (octubre 2022), los candidatos de Cerrón perdieron en todas las regiones donde se presentaron. Perú Libre, sin Castillo, ha recuperado su verdadera dimensión nacional.

Durante los 17 meses del gobierno de Castillo, el expresidente intentó mantenerse en el poder enfrentado a un Congreso declaradamente opositor y obstruccionista, contando con el variable apoyo de Cerrón, quien buscó imponérsele en todo momento. Castillo, por su parte, intentó consolidar su propia base política (legalizó el Fenatep, sindicato paralelo al Sutep en el sector educación), y logró “comprar” congresistas y “premiar” a sus agrupaciones (con cargos ministeriales y puestos públicos), para que no respaldaran los dos intentos previos de vacancia (en diciembre 2021 y en marzo 2022). Este proceso ha llevado finalmente a la disgregación de la bancada congresal de Perú Libre en tres nuevos grupos (Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario), lo que demuestra la debilidad de las alianzas que se aglutinaron en el contexto electoral del 2020-2021. A mediados de este año 2022, tras doce meses de progresivos distanciamientos, tanto Castillo como Boluarte fueron expulsados de Perú Libre, por no someterse a los dictados del “Secretario General”.

Boluarte, por su parte, ha sido consistentemente la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en todos los gabinetes del gobierno de Castillo, con excepción del último, el de Betssy Chávez, instalado el 26 de noviembre pasado. Ante el primer intento de vacancia, en una visita a Juliaca el 7 de diciembre del 2021, la vicepresidenta dijo públicamente que no le haría el juego al Congreso golpista y que renunciaría a suceder a Castillo si era vacado: “Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”. De este modo, habría que convocar a elecciones generales adelantadas y renovar tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo. Exactamente un año después, Dina Boluarte Zegarra optó por hacer todo lo contrario, y juramentó diciendo que ella --y el Congreso-- se quedaban en el cargo hasta el 2026.

La ceguera política de la presidenta Boluarte y del Congreso de la Republica no parecen tener límites. Quienes critican al expresidente Castillo lo acusan en estos días de “vivir en un universo paralelo”. Temo que son estos críticos, en el Congreso y en los medios de comunicación, los que no saben dónde están parados. Las encuestas de opinión que periódicamente tratan de medir el sentir de la población indicaban con claridad hace un par de semanas, en noviembre, que la aprobación de Castillo (31%) casi cuadriplicaba la del Congreso (8%), y que si había que cambiar a los elegidos el 2021 era necesario cambiarlos a todos, Ejecutivo y Legislativo (87%). Cuando la gente ha empezado a reaccionar tras la rápida sucesión de eventos del pasado miércoles 7, la movilización popular ha comenzado y se está expandiendo por todo el país: ¡Que se vayan todos!

La noche del último domingo 11, apareció Hernando de Soto en Canal N, pontificando en el aburrido tono que lo caracteriza sobre cómo entendía él las movilizaciones sociales de los primeros cuatro días del nuevo gobierno de la presidenta Boluarte. Para explicar la polarización política en el país, recurrió a la simplona idea de los “dos Perús”, uno (el saludable “pro-mercado”) a favor de ‘statu quo’ y otro (el cuco “marxista-leninista”) que quiere una nueva Constitución. Es, en el fondo, la misma idea central que planteaba el Informe de la Comisión sobre los sucesos de Uchuraccay en 1983: la dicotomía modernidad-arcaísmo, y todos los sinónimos posibles que se puedan imaginar en esa simplificación dualista de la realidad (y que se pueden rastrear, por lo menos, hasta la oposición “civilización y barbarie” planteada por el escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento en 1845). El único problema es que ese tipo de pensamiento binario no sirve para entender al Perú, ni en 1983 ni cuatro décadas después.

Lo que está ocurriendo hoy en nuestra patria es una superposición de múltiples rebeliones de la sociedad (regional) peruana en contra del Estado (centralista) peruano. Son diferentes y diversos grupos políticos, sindicales, sociales, gremiales en todo el país, hartos de la situación general de abandono e indiferencia a sus necesidades y aspiraciones. No todos buscan lo mismo, ni en el corto ni en el mediano plazo. Y sí, algunos de estos actores están vinculados al casi 80% de las actividades informales e ilegales que caracterizan la economía capitalista que tenemos en nuestra contradictoria realidad de “país de ingresos medios”. Hay, pues, numerosos actores participando en paralelo. No hay aquí, de ninguna manera, un conflicto “apocalíptico” entre dos bloques homogéneos.

Por otro lado --y como corolario del tosco dualismo ya mencionado--, pensar que todo está coordinado por “un gran titiritero” que “manipula a la pobre gente sin educación” es tan solo una simplona “teoría conspirativa” que no explica nada. Esa aproximación demuestra no solo ignorancia del país real, sino pereza e inercia intelectual, al no querer si quiera mirar y preguntar en las provincias y regiones qué es lo que está pasando allá. Solo sirve para asustar a la población, especialmente a quienes sienten que sus privilegios están amenazados por las protestas, y querer justificar así medidas represivas (acaba de decretarse el estado de emergencia por 30 días en todo el territorio nacional). Sin un diagnóstico que parta de aceptar la gran complejidad de los sucesos de estos días no seremos capaces de afrontar los retos que tenemos para encauzar ese descontento mediante nuevas elecciones generales en el 2023.

Referencias:

Nicanor Domínguez, “¿Qué pasa con las elecciones en el Perú?”, Noticias SER, 2021-06-21 < https://www.noticiasser.pe/que-pasa-con-las-elecciones-en-el-peru >

Al Filo: “El poder de la movilización” / Entrevista a Omar Coronel, Mabel Cáceres, Rosmery Roca y Rosario Huayanca / 2022-12-13: <https://m.youtube.com/watch?v=wJ_DgRKm5K4

Al Filo: “¿Desborde sin salida?” / Entrevista a Herico More, Eland Vera y Enma Díaz / 2022-12-14: https://m.youtube.com/watch?v=rgEzy7cn514