Ursula Indacochea: “El poder público del Congreso está sujeto a control constitucional”

La medida cautela del Tercer Juzgado Constitucional de Lima –emitida este martes-, ordenó que el Congreso de la República suspenda, provisionalmente, la elección de los miembros de los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) porque en el proceso no ha publicado de manera transparente la calificación y justificación de los puntajes otorgados a los postulantes para el TC. Desacatando esta orden judicial, el parlamento nacional procedió con la sesión para la elección de los magistrados del TC. Para analizar este hecho político, Noticias SER conversó con Ursula Indacochea, Directora de Programa Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

¿Cómo evalúa el proceso de elección del Tribunal Constitucional que está desarrollando el Congreso? ¿Cuáles son las principales observaciones?

Es un proceso con múltiples irregularidades, desde el diseño del procedimiento que está en el Reglamento, hasta la etapa de publicación de puntajes finales. Los más graves me parecen: conflictos de intereses de miembros de la Comisión Especial, ausencia de mecanismos para evaluar idoneidad ética, falta de motivación de puntajes, falta de publicidad de las calificaciones desagregadas, así como candidatos con vinculaciones políticas y con personas vinculadas a la criminalidad organizada, que no han logrado ser filtradas.

¿Tiene justificación el cuestionamiento de que un Congreso de salida no debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional?

El problema no es solamente que el Congreso este de salida. Para mí, el principal problema es que no existen condiciones para nombramientos meritocráticos, porque a lo largo del proceso, el propio Congreso de la República, se ha dedicado a destruir esas condiciones. Ahora cualquier nombramiento serio político.

¿Qué opinión le merece las trayectorias de los candidatos seleccionados por el Congreso como posibles aspirantes al TC?

No puedo opinar sobre ellos, porque no los conozco. Me hubiese encantado revisar sus expedientes, pero una vez más, la Comision Especial no ha sido transparente con los documentos del proceso de selección. Lo que he visto en la prensa, sobre la vinculación de dos candidatos favoritos con personas vinculadas a redes criminales, es sumamente preocupante.

¿Cuál es su evaluación sobre la decisión del Juzgado Constitucional que dispone suspender el proceso de elección de miembro del Tribunal Constitucional? ¿Puede el Congreso continuar con el proceso pese a esta sentencia?

He revisado la decisión y me parece que la jueza se sustenta en un argumento inatacable: que el Congreso no ha publicado puntajes desagregados, ni ha motivado sus calificaciones. Eso estaba totalmente en control del Congreso de la República, simplemente no lo hicieron (ni lo harán), porque quizás, eso, pondría en videncia que sus candidatos favoritos no alcanzarían a cubrirlos.

¿Qué opinión le merece sobre la respuesta que ha dado el Congreso de la República, ante la decisión emitida por el Juzgado Constitucional sobre la suspensión de elección de los miembros del TC?

Es un claro desacato a una decisión judicial, que entiendo constituye un delito.

¿Estamos ante el inicio de un periodo en el que el Poder Judicial intervendrá en los procesos de decisión legislativa?

El Poder Judicial constantemente interviene en los procesos de decisión legislativa, como en casos cuando conoce de amparos contra leyes autoaplicativas o cuando hace control difuso. Es natural y en una democracia es saludable que el poder público del Congreso de la República esté sujeto a control constitucional, pues no existen islas exentas de control. El Congreso es autónomo para moverse dentro de unos límites amplios. Los jueces constitucionales deben cuidar esos límites.