“Vacunagate”: lo público, lo privado y el debate electoral

En el llamado “Vacunagate”, el interés inicial ha estado puesto en saber quiénes se vacunaron indebidamente y quiénes son los responsables de este tráfico de vacunas. Eso no ha permitido enfocar debidamente las causas de fondo.

Esto es explicable. Todo comenzó con un nuevo destape sobre el principal personaje político en todo este año de pandemia, Martín Vizcarra, quien apareció otra vez, pero ahora en el triste papel de villano. Un libro, llamado Perfil de Lagarto, destapó que se había vacunado indebidamente.

Luego, aparecieron otros privilegiados indebidos. Primero, las ministras Mazetti, de Salud, y Astete, de Relaciones Exteriores, los dos sectores encargados de conducir la Comision Multisectorial del Estado encargada de gestionar la vacuna contra el Covid, que está integrada por el Instituto Nacional de Salud, otros sectores y subsectores del Estado, y dos universidades, San Marcos y Cayetano Heredia.

Después apareció el nombre de German Málaga, director del Centro de Estudios Clínicos de la Universidad Cayetano Heredia. Esta recibió el encargo de conducir los estudios de las pruebas de la vacuna y se la delegó a Málaga.

Todos estos nombres aparecieron en una lista de unos 470 y pico beneficiarios de la vacuna. Pero junto a ellos, y sus familiares o allegados, una buena cantidad de altos funcionarios públicos, incluyendo viceministros o secretarios generales, rectores y vicerrectores sus amigos, colegas, empresarios proveedores del sector salud, sumando en total unos 26 grupos familiares, según la publicación digital Ojo Público.

Las declaraciones de algunos de estos funcionarios revelan que consideraron como un privilegio casi natural el poder usar las dosis de las vacunas para inmunizarse a ellos y a sus familias. Algunos, como Málaga, usaron hasta tres dosis, cuando se supone que solo se requerían dos.

La otra veta informativa que distrajo de las cuestiones de fondo de este tráfico de las vacunas, son las renuncias y destituciones en cadena de varios de los funcionarios vacunados, y las investigaciones que ya se están abriendo sobre Martín Vizcarra, las ex ministras Mazetti y Astete, el Doctor. Málaga y otros altos funcionarios. La onda sísmica de este escándalo todavía hará ruido.

El papel del Doctor Málaga

Pero quizás si nos fijamos en el papel del Doctor Málaga y en sus particulares declaraciones podremos encontrar una pista hacia el problema de fondo en todo esto y sacar algunas lecciones que podrían servir para el debate electoral actualmente en curso.

Ya hemos mencionado que entre los beneficiarios indebidos de la vacuna hay personas que pertenecen al mundo de los negocios privados. Son de empresas como laboratorios o consultoras privadas proveedoras del Ministerio de Salud o de algunos de sus institutos de investigación o de la misma Universidad Cayetano Heredia. Una de esas consultoras y un laboratorio trabajaban supervisando o monitoreando el estudio clínico dirigido por Málaga, y parte de su personal, incluidos sus dueños, fueron vacunados gracias al director del estudio. ¿No se percataron o no les importó que con ello incurrían en conflicto de intereses? El hecho es que incurrieron en eso, y a quien más debió interesarle eso es precisamente a Málaga.

Un segundo detalle iluminador es que otra de las personas vacunadas por un privilegio indebido ha sido una conocida lobbysta de grandes empresas privadas y ex asesora de Pedro Pablo Kuczynski, Cecilia Blume. Cuando Málaga ha explicado la razón, ha dicho que le podría haber conseguido financiamiento para montar una Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Málaga no sabía que estaba usando un bien público como las vacunas de prueba, cuyo destino era otro, para un destino privado? Misterio, el hecho es que incurrió en eso.

Un tercer detalle es que, cuando le preguntan a este doctor si fue Vizcarra el que le pidió ser vacunado o si él se lo ofreció, responde que no recuerda, pero a continuación cuenta que “por esos días se lo ofrecía a todos con los que conversaba”.

Es probable que este personaje se percató de que tenía bajo control una cierta cantidad de dosis de un bien escaso, la vacuna contra un virus letal. Y decidió ofrecerla a gente importante que podría ayudarlo a tener algo que era escaso para él: redes, capital social para gestionar proyectos de su interés personal. Podrían ser altruistas, pero personales al fin y al cabo.

Algo de experiencia ya tenía Málaga en ese tipo de emprendimientos. La publicación digital Salud Bajo la Lupa ha informado que hace poco había formado una suerte de ONG, Médicos Solidarios, y consiguió donaciones de implementos de protección para médicos en riesgo frente al covid-19. Algunas provenientes de las empresas Gloria y Buenaventura. Un último detalle a considerar es que, así Málaga fuese un médico e investigador de una universidad privada, su papel en el estudio de las vacunas estaba bajo la autoridad, las reglas y la supervisión establecidas por la Comisión Multisectorial, ya mencionada, y por el Instituto Nacional de Salud, ambos organismos públicos.

De hecho, las 3200 dosis de vacunas de prueba adicionales que se pusieron a su disposición tenían un uso regulado por la respectiva resolución del INS, la misma que dispone su uso para los estudios clínicos de prueba. Málaga tiene que haber estado informado de ese parámetro. Sin embargo dispuso su uso para personas que no formaban parte de dichos estudios.

Tan encuadrados estaban tanto el doctor Málaga como la Universidad Cayetano Heredia bajo una autoridad pública que esta institución, ante las primeras revelaciones, lo retiró de su condición de responsable de los estudios sobre la vacuna. Y a su vez, el Instituto Nacional de Salud ha dispuesto la intervención y la suspensión de nuevos estudios clínicos del Centro de Estudios Clínicos. Probablemente es hasta que se esclarezca todo lo que ha pasado con el estudio de las pruebas de la vacuna.

La cuestión de fondo

Salta a la vista, de manera muy clara, que la causa de fondo de este “Vacunagate” ha sido la primacía indebida de un uso de interés privado por sobre uno de interés público. Este es el que debió prevalecer en el uso de las 3,200 dosis de vacunas de pruebas adicionales.

El responsable personal directo e inmediato sería German Málaga por el cargo que desempeñaba. Pero también le cabe responsabilidad, y no menor, a las autoridades superiores de las universidades comprometidas y a los altos funcionarios políticos comenzando por el ex presidente Vizcarra.

Autoridades del propio Instituto Nacional de Salud y varios de los integrantes de la Comisión Multisectoria,l tienen distintos niveles de responsabilidad. Algunos por no supervisar oportunamente lo que se hacía con las dosis del problema, y otros por haber sido parte de los vacunados indebidos.

Todas estas personas permitieron o indujeron a que lo privado primara sobre lo público en el uso de un bien público.

Una lección para el debate electoral

Ha surgido en la campaña electoral la discusión de si se debe permitir la participación de empresas privadas en la vacunación contra el covid-19. El argumento de los partidarios de esto es que, mientras más vacunadores existan, más rápido se llegará a culminar la vacunación de todos. Ese argumento tiene la aparente virtud de la simpleza, pero esconde varios problemas importantes. Por ejemplo, una emergencia de este tipo requiere una campaña nacional con mando único, planificación, prioridades y metas compartidas y un uso de recursos alineado a una lógica de bien común e interés nacional. En cambio, la participación de las empresas privadas supone la irrupción de diversos intereses privados con distintos planes, prioridades, metas y un uso de recursos alineado con diferentes estrategias de competitividad y expectativas de lucro.

La experiencia del “Vacunagate” muestra, incluso a una escala pequeña, la dificultad de controlar las dinámicas disruptivas cuando irrumpen intereses privados frente a una situación de emergencia. Imaginemos el cuadro cuando ello ocurra a una escala miles de veces más grande.

¿Hay que descartar todo tipo de participación privada en la vacunación? Probablemente no pues podría haber un tipo de participación en la que pongan al menos una parte de sus recursos financieros, humanos y materiales a disposición de la autoridad gubernamental y del plan de vacunación. En reciprocidad el gobierno podría otorgar algún tipo de retribución. Todos saldrían ganando.

Pero candidatos como Keiko Fujimori o Hernando de Soto insisten en la participación libérrima de las empresas privadas. Su afán no es tanto el éxito de una campaña nacional de vacunación inclusiva sino el de seguir ofreciéndose como los mejores garantes del lucro privado en todos los terrenos, incluso en el de una emergencia nacional tan crítica.