Vacunas: derecho o factor de inequidad

La pandemia que afecta al mundo entero ha desnudado muchas de las tremendas limitaciones de la llamada modernidad y globalización imperante sustentada en un modelo de crecimiento inequitativo y excluyente. En el caso particular del Perú, la presencia del covid-19 ha puesto en evidencia la crisis del sistema de salud, uno de los más deficientes de la región, en un contexto de frágil institucionalidad, con más de 70 % de informalidad y débil ciudadanía.

La pandemia ha colocado al país en una posición extremadamente grave de morbimortalidad a nivel mundial. Las medidas preventivas y curativas implementadas por las autoridades no generaron los efectos esperados, justamente por la escasa capacidad del aparato de salud, la dispersión de los servicios sanitarios, la precaria infraestructura y logística, el escaso personal mayormente concentrado en ciudades intermedias, entre otras penosas realidades que han afectado severamente a la población peruana.

Hay un aspecto emblemático a considerar: el del acceso a las vacunas. Pareciera que, desde una natural argumentación ética, debería constituir parte de los elementales derechos humanos, sin embargo, deviene en nuevas expresiones de inequidad, exclusión e injusticia contra la mayoría de la sociedad.

Otro caso para el análisis es la carencia de oxígeno medicinal cuyo acceso oportuno debiera ser otro derecho elemental de las personas, pero que sin embargo se ha convertido en un bien de lucro y de especulación por parte de ciertas empresas, en desmedro de miles de personas que realizan grandes colas para abastecerse temporalmente de este elemento con el afán de salvar la vida de sus familiares. La precariedad de los servicios sanitarios del país y la desidia de los gobiernos que se sucedieron durante la pandemia, los cuales no fueron capaces de prever y resolver oportunamente la demanda de este elemento vital, son otro ejemplo no solo de inequidad e injusticia humana, que ha llevado a mendigar por adquirir un medicamente básico relativamente fácil de producir, como es el oxígeno, sino también de insensibilidad que ha costado muchas vidas.

En cuanto a las vacunas, en el mundo se han convertido en una suerte de mercancía sujeta a precios especulativos que benefician principalmente a empresas farmacéuticas y grandes intermediarios, y han sido justamente los países del llamado primer mundo y productores de las vacunas quienes las han acaparado y se han beneficiado principalmente de ellas. Esta inequidad se pretende reproducir en nuestro país frente a las limitadas capacidades del gobierno para culminar las negociaciones y acceder a las millones de dosis que se requiere para toda la población peruana, proponiéndose que sea el sector privado quien participe de estas importaciones y distribución de las vacunas para atender particularmente a las demandas de sus trabajadores y entorno laboral. Esta forma de cubrir la necesidad de la vacuna no sólo es inconsistente desde una lógica de prioridades de planificación, sino que no es coherente con la inescrupulosa práctica mostrada por una parte del sector privado durante la pandemia y, sobre todo, solo serviría para profundizar las asimetrías en el acceso a este vital recurso.

El acceso universal y gratuito a las vacunas debe ser incorporado como parte de los derechos elementales de la gente, como el derecho a la vida y la salud, así como aplicar la Ley General de Salud en lo que concierne a la potestad del Estado de imponer el ejercicio de esos derechos en situaciones de emergencia como la actual crisis sanitaria, en lugar de constituir tristemente parte de las nuevas expresiones de inequidad y exclusión.

No se trata de escamotear la presencia y aporte del sector empresarial en iniciativas que contribuyan a salvar vidas en un momento de crisis y emergencia, pero tampoco se trata de que un sector económico se aproveche privativamente de esa precaria y compleja situación sanitaria. Esta realidad puede escenificar un ejemplo claro de lo que significa que gobierno (en sus distintos ámbitos), sociedad civil y empresariado construyan gobernanza en el manejo de la pandemia. Y el punto de partida es la propuesta de un plan de vacunación, tal como ha sido diseñado por el gobierno, para atender de manera prioritaria y escalonada a diversos sectores de la población, empezando por los actores y actoras de primera fila y luego por la población más vulnerable (como los de la tercera edad y personas con comorbilidad).

Si el argumento para ceder a la iniciativa privada la importación de vacunas se debe a su mayor capacidad logística y gerencial y a su interés altruista de contribuir a la salud de los peruanos, entonces si es así, que se aproveche esa capacidad para acelerar la llegada de vacunas y cumplir con mayor celeridad el plan diseñado por el gobierno. Si se trata de superar la débil institucionalidad pública para una vacunación efectiva y en los plazos previstos –algo no demostrado, por lo demás, pues el sistema de salud peruano ha sido eficiente en inmunizaciones masivas anteriores–, entonces que se generen alianzas con sectores privados y de la sociedad civil para tal fin. Allí están las ONG y sus equipos de campo en buena parte de los sectores más alejados, donde muchas veces no hay mayor presencia de agentes gubernamentales, salvo los profesores rurales; allí están las empresas que distribuyen productos en todo el país, así como las corporaciones (como Alicorp) que se beneficiaron económicamente aun en época de pandemia, y que podrían ser recíprocas facilitando su logística para cumplir las metas de vacunación de manera ordenada y rápida. Están también las propias organizaciones campesinas e indígenas dispuestas a contribuir con sus sistemas de gestión comunales para facilitar las acciones de vacunación. Y no se puede dejar de lado el aparato de las parroquias católicas que poseen su propia capacidad de organización y de convocatoria local.

Lo señalado es solo una suerte de intento de mostrar cómo, desde la construcción de gobernanza en los diversos territorios, se podría hacer muchas cosas, más y mejores que las que se propone desde espacios desconectados de la realidad viva y basados en una institucionalidad burocrática, poco proba y de la cual la población desconfía ampliamente. Evidentemente lo señalado implica contar con otro tipo de Comando Nacional de Vacunación, uno que genere los consensos necesarios para el diseño e implementación del plan correspondiente, y que construya las relaciones y compromisos con los sectores –y otros– ya mencionados. Se trata de una nueva forma de atender esta crisis, creando condiciones para construir buen gobierno.

Capacidad de liderazgo gubernamental, visión clara de cómo responder frente a esta situación de pandemia con los recursos que tiene el país, suma de esfuerzos sanos y dispuestos a poner por delante el respeto por las vidas y la salud de todas las personas, antes que aprovecharse mezquinamente de esta situación tan dramática. Los resultados son múltiples. Lo más importante son personas vacunadas como parte de un derecho humano fundamental. Pero también volver a confiar en algo de las posibilidades de un futuro diferente, más digno, más equitativo, más gobernable.

Si esas decisiones fueran globales, superando las roñosas prácticas de los países poderosos de acaparar las vacunas muy por sobre los requerimientos de su gente –por no mencionar a los que se zamparon en la cola, dejando de lado escrúpulos y deontología– y más bien priorizando imparcialmente a las poblaciones más vulnerables del mundo, estaríamos transitando hacia una legítima aldea planetaria construida con justicia y equidad. Persistamos en esos desafíos, construyendo redes y movimientos sociales solidarios que hagan frente a las hegemónicas prácticas y reglas de estraperlo del capitalismo cruel.