Víctimas de Esterilizaciones Forzadas: Pronunciamiento en defensa de la vida

El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) [1] expresa su contundente rechazo ante la pérdida de al menos una veintena de vidas, la ola de violencia desatada y la represión policial y de las FFAA a lo largo del territorio peruano. Expresamos nuestra consternación y nos pronunciamos ante los actuales hechos de violencia que solo generan de una parte, muerte y dolor, y de otra parte, revictimización de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas.

Las esterilizaciones forzadas ocurridas bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) constituyen un crimen de lesa humanidad, así como un genocidio, y un crimen de Estado. Dicho programa fue implementado por el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los años noventa donde se vulneraron los derechos fundamentales a la vida de miles de peruanas y peruanos sobre todo indígenas, nativas, descendientes de pueblos originarios y provenientes de los sectores más discriminados, racializadas y olvidados del país. [2]

Fundamentados en los testimonios de las y los afectados, recopilados actualmente y en sendas investigaciones académicas e informes emitidos tanto por las Asociaciones de víctimas, la Defensoría del Pueblo, ONG feministas, el Congreso peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CLADEM y el Ministerio Público entre otras instituciones, [3] coincidimos en el llamado de paz y comunicamos a la opinión pública lo siguiente:

1. Que se respeten los Derechos Humanos fundamentales e inalienables, en especial el derecho a la vida de las personas más vulnerables. No podemos permitir que se sigan perdiendo las vidas de niños, adolescentes y jóvenes.

2. El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se materializan en la exclusión y vulneración de los derechos y las libertades de las personas. Este es un problema que nos afecta gravemente, ya que más de la mitad de la población peruana se siente discriminada y despreciada, esto se evidencia en los tratos diferenciados. Esto genera la desintegración y profundiza la crisis, afectando principalmente a personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen andina o amazónica, esto debe terminar con una política de integración con manejo de enfoque intercultural.

3. El terrruqueo es una forma de estigmatización que no debe ser utilizada de manera permanente para deslegitimar las movilizaciones sociales que son un legítimo derecho ciudadano. Advertimos a la población que se esterilizaron forzosamente a miles de personas pues se discriminó anticipadamente a sus posibles descendientes a quienes consideraron como futuros agentes subversivos. [4]

4. La actual coyuntura de convulsión social retrasa la búsqueda de justicia y reparaciones para las víctimas que llevan en pie de lucha más de un cuarto de siglo. Es momento de Impulsar una reforma judicial. Un sistema de gobernanza democrática eficiente que facilite el acceso a la justicia de todas las personas.

En conclusión, lamentamos profundamente que se utilice la vejación del pueblo peruano en nombre de diversos intereses políticos. Exigimos el cese inmediato de la violencia policial y de las FFAA, y la instauración de la consulta previa y del diálogo permanente entre el Estado y el pueblo peruano. Que las investigaciones se hagan a la brevedad posible y las sanciones se tornen ejemplares.

Lima, Viernes 16 de diciembre de 2022

NOTAS

[1] El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) es un colectivo que articula a organizaciones de víctimas, instituciones sociales de base, ONG nacionales e internacionales y académicas independientes, y surge con el propósito principal de promover los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral para las personas, especialmente mujeres, que en el Perú fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante la década de los noventa.

[2] En el Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (Capítulo VII : Conclusiones, p. 106), entre los años 1990 y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar que ejecutó la esterilización de 314,605 mujeres y 24,563 varones. Según el Informe Defensorial 69, un total de 272,028 mujeres y 22,004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. La cifra revelada en dicho informe coincide con los aportes de las investigaciones de Tamayo (1999) y de Zauzich (2000) : 81,762 casos en 1996; 109,689 en 1997; 25,995 en 1998; 26,788 en 1999; de 16,640 en el 2000, y de 11,154 en el 2001. Para mayor información consulte el acuerdo amistoso entre el Estado peruano y la CIDH: http://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm

[3] En estos enlaces pueden encontrar abundante información digitalizada sobre el caso de esterilizaciones forzadas en Perú: Archivo PNSRPF:https://1996pnsrpf2000.wordpress.com/, Proyecto La Madre: http://www.lamadre.pe/

[4] Consultar: Plan por un Gobierno de la Reconstrucción Nacional (1989-1990). La CVR lo nombra a lo largo del Informe Final bajo el nombre de Plan Político-Militar, pero también es conocido bajo la abreviación de: Plan Verde.