Violación en manada

En estas últimas semanas han sucedido una serie de violaciones sexuales grupales en diversas regiones del país. En realidad, y por más crudo que sea, esto no es algo ni raro ni nuevo. Basta con recordar las múltiples e impunes violaciones realizadas por pelotones enteros durante el conflicto armado interno. Sin embargo, a raíz del ataque sexual de un grupo de cinco hombres a una mujer con quien mantenían un vínculo de amistad (uno de los violadores era su expareja), el alcance mediático ha logrado niveles de difusión inesperados y la indignación ciudadana en las redes sociales está desbordada.

Lo relevante de semejante atropello está en comprender como se produce la cultura de la violación que hace algunos años nos bautizó con el hashtag de #PerúPaísDeVioladores. Hoy queda bastante claro para la opinión pública que esa afirmación no fue exagerada. Sin embargo, la dimensión del problema de género es mucho mayor de lo que pudiéramos imaginarnos. Es tan profundo e inconmensurable que podríamos -sin exagerar- afirmar la convergencia de múltiples y permanentes violencias como #PerúPaísDeFeminicidas #PerúPaísDeAcosadores, #PerúPaísDeEmbarazosForzosos #PerúPaísDeEsterilizaciónForzosa, #PerúPaísDeTrataDePersonas #PerúPaísDeMujeresDesaparecidas, #PerúPaísDeTransfóbicos #PerúPaísDeHomofóbicos #PerúPaísDeLesbofóbicos #PerúPaísClasista #PerúPaísRacista. Sin embargo, no es solo un problema que atañe al Perú; es, de hecho, un problema compartido en toda la región latinoamericana con algunas variantes.

En cuanto a las manadas en nuestro país, recordemos que la primera semana de octubre una enfermera del Hospital de Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas, denunció a cuatro trabajadores del hospital por violación grupal ocurrida el 21 de agosto. Ella renunció a su trabajo y también retiró la denuncia por temor a las represalias. Sin embargo, la Fiscalía continúa la investigación con el seguimiento de la Defensoría del Pueblo de Cusco. Semejante violencia institucional ha sido también denunciada por el director de la red de Salud de Chumbivilcas, Eder Atanzi. debido a que la violación habría ocurrido durante una reunión social en el establecimiento.

Una semana más tarde, el viernes 28 de agosto, la manada atacó en Ayacucho. La víctima tenía 49 años. Los victimarios, Víctor Mendoza Cárdenas, Ferol Gamboa Ñaupas y Nestor Taboada Figueroa, la siguieron hasta su vivienda y la golpearon cobardemente a mansalva. Luego, dos la violaron y un tercero lo intentó pero no lo logró. A pesar de ser víctima de violación grupal, y como si el crimen no fuese suficiente, el médico Nelson Toledo Hilario (que actualmente trabaja en el área de medicina legal del Ministerio Público) la estafó. Este médico le realizó exámenes fraudulentos y le cobró ilegalmente 108 soles por “pericias de apoyo al diagnóstico médico legal” que eran innecesarias. Fuera de la violencia, el atropello es también institucional, ya que el “médico” se valió de su cargo para re-victimizarla. En vez de las veinticuatro horas de ley, pasaron cinco días para que el estado protegiera a la sobreviviente. Ella se vio obligada a mudarse por temor a las represalias; su vida desde el refugio nunca será la misma. En Ayacucho los presuntos violadores no tienen prisión preventiva y el médico sigue en funciones.

Un mes después, el domingo 27 de septiembre, otra manada atacó en Cusco. Ella tiene 60 años; ellos eran cuatro: la violaron colectivamente. Luego del ataque, ella quedó en tan mal estado que ha debido sufrir tres cirugías y en estos momentos se halla muy delicada de salud física y psicológicamente. Han atrapado a dos de los perpetradores, Severino Cáceres y Enrique Quispe, pero solo uno recibió prisión preventiva (por ser paciente psiquiátrico) y el otro, comparecencia simple. Los dos violadores restantes, Efraín Toccas y Fernando Quispe, se han dado a la fuga. Las investigaciones están en curso, pero como es de costumbre, acaban en la impunidad.

Al mes siguiente, el sábado 17 de octubre, atacó otra manada en Piura. Ahora fue una madre de familia que decidió hacer su rutina deportiva a las 7:40 a.m.; como le era habitual, salió a trotar. Fue raptada y se la llevaron a un descampado; entre los tres la forzaron. Algunas mujeres trabajadoras de limpieza y vecinos la encontraron y auxiliaron. Es de recalcar que uno de los criminales es menor de edad.

Al día siguiente, el domingo 18 de octubre, una nueva manada de delincuentes atacó en Lima a una joven de 21 años. Una vez drogada, los bellacos presuntos violadores Diego Humberto Arroyo Elias (expareja de la sobreviviente), José Martín Arequipeño Vizcarra, Sebastián Zevallos Sanguineti, Manuel Atonio Vela Farje y Andres Fassardi San Sebastián, la atacaron sin conmiseración. El abogado de estos cinco canallas, además de defender lo indefendible, difamó en televisión nacional a la víctima diciendo: “La señorita es... eventualmente, digamos, le gustaba la vida social. No le podría decir más”. Entre tanto, los medios y las redes sociales reaccionaron con el hashtag #amitambienmegustalavidasocial y con el apelativo “La Manada de Perú”.

Ante esta barbarie, la gente exigió ejemplos drásticos de punición como cadena perpetua para los violadores e impedir ejercer al abogado. En esta circunstancia “emblemática”, la prisión preventiva no se hizo esperar. Como no funcionó la estrategia de la defensa consistente en el repetido “ella los provocó, porque ella es una chica fácil”, retiraron rápidamente del caso al abogado. Entonces no encontraron mejor estrategia que presentar a las hermanas de los presuntos violadores en televisión nacional en defensa de sus hermanos alegando impávidamente y sueltas de huesos que ellas son feministas. Cuando, por obvias razones, el feminismo no tiene absolutamente nada que ver con esas declaraciones, es más, nada podría estar más alejado de esa sin razón que protege a los perpetradores que la lucha feminista.

Estas declaraciones junto a las manifestadas en redes sociales y las recopiladas por Wayka, no tienen la más mínima simpatía por la víctima; al contrario, niegan y justifican los hechos diciendo: “Obvio, es su papá y buscará justicia. Pero tuvo la culpa por no saber criar a la hija descarriada” (Arturo); “Tampoco se trata de ninguna niña y todos son mayores de edad. Si mezclas alcohol y drogas, ¿qué esperas?” (Ángelo); “Los hombres necesitamos desahogarnos un rato del trabajo del día a día” (Luis “Una mujer ebria y drogada no puede asegurar que no dio el consentimiento” (Mauricio); “Que esto sirva como antecedente para todas las señoritas que toman como camioneros” (Ronald).

Así, en el otro extremo de la sin razón y el descaro, tenemos las declaraciones de la exministra de la Mujer en los tiempos de las esterilizaciones forzadas perpetradas por el gobierno autocrático de Alberto Fujimori. Luisa María Cuculiza se apresuró a difundir vergonzosamente ante cámaras la antigua consigna fujimorista basada en una ideología que fomenta la pena de muerte: “Dios mío, si fuera mi hija tengan por seguro que esos chicos ya no estarían vivos”. De seguir su lógica populista cabe preguntarnos, ¿a cuantos hombres tendríamos que matar?; y ¿en qué medida matar a los perpetradores nos libraría del problema? Bien sabemos que nuestra sociedad es patriarcal y anclada en una cultura machista que produce sin cesar nuevos perpetradores abusivos impunes.

El contexto en el que se insertan todas estas atrocidades es, por cierto, uno mucho peor. En la Defensoría del Pueblo se han presentado 61.705 denuncias por violación sexual en los primeros nueve meses de este año. Estas cifras son solo una breve muestra del universo de violadores libres caminando por las calles. Rara vez los implicados cumplen condena y así a la ya abultada cifra se suman las de las décadas pasadas. Ahora bien, si la justicia fuera proba y efectiva, ¿cuántos penales deberíamos construir solamente para los violadores, y cuantos más si sumamos el resto de las violencias de género? Lo cierto es que no se ha comenzado a reflexionar seriamente y a nivel gubernamental para lidiar con la horrorosa pandemia del patriarcavirus. ¿Cómo se está controlando el machismo de los y las servidoras del Estado? ¿Dónde están los programas nacionales y obligatorios de educación sexual, con enfoque de género? ¿Y las terapias sexuales masivas no solo para los siniestros perpetradores? ¿Qué hay de la cadena nacional de hogares refugios para las mujeres? ¿Cuándo tendremos una ministra de la mujer que sea elegida por sus propuestas feministas? ¿Para cuando la repartición clara y transparente de pastillas anticonceptivas de emergencia en los kits? ¿Y la libertad de poder decidir sobre nuestras cuerpas?

La sanción y el escándalo mediático de casos emblemáticos es absolutamente insuficiente. Todos sabemos que gran parte de estas violaciones terminan en embarazos forzados de menores de edad, lo que constituye, además, una atroz consecuencia permanente que agrava drásticamente la dimensión de las afectaciones.