Violencia contra las mujeres y desigualdades territoriales en Cajamarca

La violencia contra las mujeres (VCM) es una de las más severas manifestaciones contra los derechos humanos, y uno de los grandes problemas globales de salud pública. No obstante, las tasas de prevalencia de este fenómeno difieren entre países, por lo que evidentemente para algunos es necesario redoblar esfuerzos para combatirla. Un reciente estudio publicado en The Lancet [1] estima que, previo a la pandemia, el 27% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida por parte de su pareja. En Perú, esta cifra asciende al 38%, superando no solamente el promedio global, sino también el de la región (26%). Sin embargo, así como existen diferencias entre países, también las hay dentro de estos, lo cual es más fructífero de analizar, porque finalmente los promedios nacionales esconden muchas desigualdades en términos territoriales.

En las regiones del Perú, la VCM es sumamente heterogénea. La ENDES sugiere que la prevalencia de violencia física, sexual o psicológica [2] puede llegar a afectar a más del 70% de mujeres, como es el caso de Apurímac, o en el mejor de los casos, a menos del 50% de ellas, como en Lambayeque o Ucayali. En ese sentido, cada departamento es digno de examinar, pero Cajamarca es un caso peculiar, porque confluyen distintos factores socioeconómicos que podrían estar influenciando en las dinámicas de la VCM. Cajamarca se caracteriza por ser uno de los departamentos más pobres del país, el que históricamente ha tenido el mayor saldo migratorio negativo y el segundo departamento con mayor población rural [3].

Antes de la llegada de la COVID-19, en Cajamarca el 64% de mujeres había sido víctima de violencia alguna vez por su pareja (INEI, 2020). Sin embargo, el confinamiento junto a otras medidas restrictivas y sus eventuales repercusiones cambiaron la dinámica de la VCM, agudizándola, principalmente en los primeros meses del estado de emergencia (Agüero, 2021). Aunado a ello, los Centro Emergencia Mujer (CEM) estuvieron cerrados entre mediados de marzo y junio de 2020, pero pese a esto, una vez reabiertos atendieron de manera ininterrumpida, generando información valiosa, la cual, si bien tiene sus defectos, sirve al menos para aproximarnos a este fenómeno en el departamento.

Algo interesante es que, las denuncias por VCM a través de los CEM en Cajamarca disminuyeron un 27% en 2020, pero en el ámbito urbano (-36%) la caída fue mucho mayor que en el ámbito rural (-14%); no obstante, el rebote estadístico en 2021, fue muy superior en las zonas urbanas (47%) que en las rurales (18%). Lo primero generó un hecho inusual: las denuncias por VCM en áreas urbanas y rurales, representaron el 52% y 48% del total respectivamente, es decir, fueron casi proporcionales. En años previos, las denuncias en áreas urbanas, en promedio eran mayores en 16 puntos porcentuales como porcentaje del total de denuncias. Esto se revirtió en 2021, ya que las denuncias en áreas rurales representaron solo 42% del total. La relevancia de este hecho radica en que la literatura sugiere que la incidencia de VCM en zonas rurales podría estar subvaluada, principalmente por factores socioculturales como la tolerancia hacia la violencia o el control social que se ejerce en las comunidades (Castro y Delgado, 2014).

Otro aspecto que amerita análisis es la edad de la víctima. En general, tanto en el área urbana como rural, la mayor cantidad de víctimas son jóvenes y adultas, es decir, mujeres de entre 18 y 59 años. Sin embargo, en el área rural de Cajamarca las víctimas niñas y adolescentes son mayores en proporción con respecto a las víctimas de áreas urbanas. Esta es una diferencia relevante que los hacedores de política deben tener en consideración. Estos dos últimos años

donde estuvo presente la pandemia no se aprecian cambios sustanciales en términos de tendencia, pero si un incremento de casos en mujeres adolescentes.

Por otro lado, en Cajamarca los tipos de violencia difieren entre territorios, y previsiblemente también se evidenciaron cambios estos dos últimos años. Así, en el 2020 y 2021 las denuncias de violencia sexual han aumentado, alcanzando el 14% y 15% respectivamente como porcentaje del total de denuncias. Naturalmente, en casi todas las provincias también se ha presentado un incremento, como se observa en el gráfico. Además, este crecimiento en denuncias por este tipo de violencia a las mujeres se dio principalmente en el área rural. De hecho, en el 2020 el 62% del total de denuncias de violencia sexual fueron realizadas en el ámbito rural del departamento.

En general, si seguimos analizando otro tipo de variables, y no solo aquellas asociadas a la víctima sino también bien al victimario, veremos que las diferencias de VCM en Cajamarca en términos territoriales son notables, siendo el ámbito rural aquel más desfavorecido. Ante esto, las políticas públicas pueden cumplir un rol fundamental para combatirla. En principio, es esencial la creación de Instancias Distritales de Concertación [4] en el departamento, pues estas

—pese a sus limitaciones en términos de presupuesto— pueden conocer de manera más acotada la VCM y generar acciones bajo un enfoque territorial para combatirla, sobre todo junto a la sociedad civil organizada. Para esto es fundamental que exista voluntad política.

Otro punto clave son los servicios con los que cuentan las zonas rurales, ya que estas se caracterizan por el limitado acceso a servicios públicos como la policía o el sistema de justicia. Para ello existe la Estrategia Rural del MIMP, la cual promueve el trabajo articulado y multisectorial, con el fin de reducir estas barreras; pero pese a que su implementación es un avance para cerrar brechas sociales, este servicio no necesariamente se encuentra alineado a la cantidad de población rural de un departamento o provincia, o a la prevalencia de VCM. Puno, por ejemplo, es un departamento con una menor proporción de población rural y con similar prevalencia de VCM que la Cajamarca; sin embargo, la presencia de Estrategia Rural, duplica a la Cajamarca.

Notas

[1] Sardinha, L., Maheu-Giroux, M., Stöckl, H., Meyer, S. R., & García-Moreno, C. (2022). Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. The Lancet.

[2] La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), a diferencia del estudio publicado en The Lancet, sí calcula la violencia psicológica, otro tipo de violencia fundamental, por lo que sería un mejor indicador en este caso.

[3] BCRP (2019). Informe Económico y Social Región Cajamarca. Banco Central de Reserva del Perú.

[4] Las Instancias Distritales de Concertación son un mecanismo de coordinación y articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional territorial distrital, que contribuyen a la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y servicios públicos de prevención, atención y protección frente a la VCM.

Referencias bibliográficas

Agüero, J. (2021). COVID-19 and the rise of intimate partner violence. World development, 137, 105217.

Castro, E. y M., Delgado (2014). Determinantes de la violencia doméstica física, sexual y emocional contra la mujer en el Perú: 2012. En Casas, C. y D., Grimaldi (Eds), Economía aplicada: Ensayos de investigación económica 2014.

INEI (2020). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima, Perú.