Visión panorámica del sector cafetalero en la selva central

Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX la producción cafetalera en la selva central generaba mucha expectativa. En los años cincuenta el precio del producto subió vertiginosamente. En los setenta se constituían las primeras cooperativas agrarias haciendo que los mismos productores organizados, sin intermediarios ni acopiadores, ofrezcan y vendan sus cafés en los mercados internacionales. En la selva central se producía casi el 50% de la producción nacional teniendo como espacio articulador la ciudad de La Merced, a la que justificadamente se la denominó «La capital cafetalera del Perú».

Esto ocasionó una ola migratoria masiva, la ampliación de la frontera agrícola, el fomento de otras actividades agroindustriales, un movimiento crediticio importante, el ordenamiento político-administrativo a través de la creación de provincias y distritos, etc. Nadie imaginó que aquellas décadas de prosperidad terminarían. A partir de 1980 los caficultores sufrieron tres golpes letales: las modificaciones de la ley de cooperativas agrarias, los atentados de grupos subversivos, el inicio de la degradación de los suelos y la aparición de la plaga de la «broca del café».

Con el cambio de siglo el estancamiento económico conllevó a que algunos agricultores apostaran por productos alternativos al café, otros pocos invirtieron en la formación de empresas sobre todo en el rubro del turismo, pero lo más continuaron con sus sembríos de cafetales. Con los problemas propios que acarrean el minifundio y la fluctuación del precio internacional del café, los campesinos vienen demandando la intervención inmediata del Estado, en cierto tiempo se organizan movilizaciones y paros, siendo la respuesta de los gobiernos de turno una serie de declaratorias de emergencia y la implementación de préstamos a través de Agrobanco u otras entidades bancarias. Por ejemplo, se estima que en la década de 2010 la deuda adquirida por los cafetaleros de la selva central en Agrobanco fue de 130 millones de soles, beneficiando a 12 mil familias; sin embargo esto resulta insuficiente, a tal punto que los hombres del campo exigieron la exoneración total de la deuda que adquirieron.

En los últimos dos años la pandemia de la Covid-19 agravó esta problemática, si bien el Estado y el sector cafetalero llegaron a acuerdos estos muchas veces no son cumplidos o peor aún no son legitimados. Mientras el caficultor no tenga financiamiento ni apoyo técnico, mientras sus cafés sigan cotizándose como convencionales y no como cafés especiales u orgánicos, mientras los precios de sus productos sigan dependiendo de la Bolsa de Valores de Nueva York tampoco se resolverán. Sin un cuidado adecuado de los suelos, sin planes de contingencia con productos alternativos, sin responsabilidad de asumir créditos, sin una buena organización local, regional y nacional los mismos agricultores no contribuyen a solucionar sus problemas.

Por su parte, desde los gobiernos locales y regionales anualmente se organizan ferias y ruedas de negocios; y desde el gobierno nacional se lanzan planes y programas. Pero nada de esto servirá, si es que no existe un verdadero consenso entre las instituciones del Estado y la organización cafetalera a nivel nacional: en el corto y mediano plazo se publicarán más planes gubernamentales desconocidos, y se mantendrá una organización de productores débil y fragmentada.