Buscando el voto de los uniformados
Historiadora y candidata al doctorado en Historia del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL-CREDA) -Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Especialista en los estudios de memoria de los veteranos de guerra en el Perú.
Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SERLa perniciosa y antidemocrática estrategia electoral dirigida a las FFAA y la PNP
Si bien, el Artículo 34 de la Constitución Política de 1993, señala categóricamente que los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas: “No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro” (1) , ante todo y como el resto de ciudadanos peruanos no están exentos de ejercer su derecho al voto. Asimismo, aun cuando policías y militares cumplan estrictamente con las normas legales que establecen los límites de su libertad de expresión -como aquella que les ordena a guardar en estricto secreto toda preferencia política y a sus instituciones la no beligerancia por mandato constitucional(2) - ello no supone en absoluto, que se mantengan indiferentes a la polarización política -que de cara a la segunda vuelta electoral- divide hoy a la población peruana entre la derecha y la izquierda radical.
Por tanto, asumir la “abstracción” de las uniformadas y los uniformados en esta difícil coyuntura electoral, no solo significaría negar su capacidad de pensamiento propio o sus intereses sociales-económicos como los tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas, sino que además constituiría un gravísimo error al momento de calcular las formas de actuación o las posturas que podrían adoptar sus instituciones, es decir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, una vez instalado el próximo mandato gubernamental. Más inclusive, si toma en cuenta que Pedro Castillo (Perú Libre) como su contendora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) vienen desplegando -en búsqueda de sus ansiados votos- estrategias de comunicación que irían más allá de invocar su elección. Es decir, dirigiendo mensajes a este sector para incitarlos más bien antidemocráticamente a tomar partido de su guerra política que -como todo parece indicar- se prolongaría inmediatamente después de la culminación del proceso electoral. ¿Cuál sería la lectura entonces de policías y militares respecto a este llamado a su politización? ¿Cómo es que vendrían observando el actual escenario electoral? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta perniciosa estrategia comunicacional dirigida a militares y policías?
Frente a estas interrogantes, es indudable, que ahora mismo, al interior de sus hogares e incluso dentro sus propias dependencias de servicio, las uniformadas y los uniformados estén ponderando individual o colectivamente lo que la izquierda o la derecha radical representan históricamente para sus instituciones, así como lo que encarnan cada uno de los candidatos. Pero, además y principalmente preocupados por los roles -que respecto al uso de la violencia legítima del Estado- deberán asumir en relación con la ideología social y económica que se establecerá en el próximo gobierno. ¿Acaso no podrían suponer que una vez más el poder civil les daría la orden como en el pasado de apuntar las armas contra sus propios compatriotas? ¿Acaso podrían olvidar que la clase política responsable de la actual crisis, aquella que disfrutó de la democracia, la paz y el auge económico – luego de que policías y militares la recuperaran de las manos terroristas con el precio de sus vidas- fue justamente la que les dio la espalda dejándolos en completo abandono? ¿Acaso no estarían calculando ya que desde la esfera política se viene preparando una nueva guerra interna en la que ellos inevitablemente volverían a pelear?
Justamente por la zozobra e incertidumbre que al interior de los cuarteles y dependencias militares estaría despertando la presente campaña electoral, resulta escalofriante que sin considerar incluso los graves hechos de violencia política ocurrida en la última crisis de noviembre durante el fugaz y nefasto régimen de Manuel Merino(3). Los candidatos Castillo y Fujimori así como sus más mediáticos simpatizantes no solo continúen alentando la confrontación política entre compatriotas -incitando el odio y reforzando al racismo de clase que impera en la sociedad peruana- sino que además siembren el terror en la población, al augurar un posible “golpe de Estado”(4), el retorno de “Sendero Luminoso”(5), la “venezolanización”(6) de las fuerzas del orden y lo que es peor, evocar como en los tiempos del periodo de violencia terrorista (1980-2000) a la muerte del “enemigo interior” bajo la perversa sombra del terruqueo y la defensa de la “democracia”. Discursos que más allá de la campaña electoral, pareciera por el contrario estar preparando el terreno emocional para el estallido de una guerra política postelectoral. Es decir, enlistando a quienes podrían tomar las armas en su defensa(7). Al menos, así lo sugiere el contenido de cada uno de los mensajes que los candidatos presidenciales dirigen a las uniformadas y los uniformados.
Si la procesada por delitos de corrupción Keiko Fujimori (Fuerza Popular), líder de la derecha empresarial, intenta por un lado obtener la adhesión de policías y militares a favor del fujimorismo y su modelo económico neoliberal prometiéndoles mejoras salariales y ascensos, así como instándoles -en nombre de la defensa de la “democracia”- al odio a Pedro Castillo y sus simpatizantes, aprovechando hábilmente el rotundo rechazo que estos servidores del Estado mantienen vivo contra “terroristas” y “comunistas” dado que su lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso continua en el VRAEM(8). Por su parte, el rondero cajamarquino y maestro sindicalista Pedro Castillo (Perú Libre), líder de la izquierda popular (tildado por su opositora de “comunista -terrorista” por pertenecer a un partido “marxista-leninista y mariateguista), pretende conquistar la afección de las y los uniformados hacia su propuesta antisistema (particularmente a los del más bajo rango), no solo llamándolos a la “unidad”(9) sobre la base de un discurso de clase y odio a su adversaria, al fujimorismo, a la élite política tradicional a razón de los innumerables escándalos de corrupción, el enriquecimiento de ciertos grupos empresariales, la desigualdad social y extrema pobreza en el país puesta en evidencia con crudeza durante la pandemia, sino también, y fundamentalmente, sobre un llamado de reivindicación étnica como respuesta al racismo estructural existente en la sociedad peruana del que también son víctimas policías y militares(10).
Frente estos discursos de campaña que buscan - de igual forma que con la población civil- oponer emocionalmente a los miembros de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entre ricos vs. pobres, blancos vs. indios, limeños vs. provincianos, , honestos vs. corruptos, neoliberales vs. comunistas y más siniestramente entre “demócratas” vs. “terroristas” en un deliberado deseo de activar el paradigma de la guerra contraterrorista cuya principal característica fue la trivialización de la tortura, la desaparición y la muerte del “enemigo interior”. Lo que Fujimori y Castillo parecieran ignorar es que, ante los ojos de militares y policías en actividad, ambos representarían más bien la continuidad de los legados más oscuros que en el pasado reciente amenazaron la vida democrática del país: los terrorismos, las dictaduras y los intentos de revolución. Con lo cual, la estricta obediencia que militares y policías mantienen al mandato constitucional de no beligerancia podría pender de un hilo, si los candidatos presidenciales continúan tirándola hacia su belicosa provocación de sacarle – como podemos observar- más filo a sus espadas. Con lo cual, los inminentes indultos anunciados en campaña por Fujimori como por Castillo terminarían así por arrancarla.
Si la liberación de Alberto Fujimori a manos de su hija Keiko podría representar entre las uniformadas y los uniformados el triunfo de la impunidad frente a la corrupción, los crímenes de lesa humanidad y la destrucción moral cometidas en contra instituciones (FFAA y la PNP) durante el régimen fujimontesinista (1990-2000), la “amnistía general” para salvar de la justicia a los que ocuparon por entonces los más altos puestos de poder y hasta incluso la amenaza de un potencial co-gobierno político-militar de extrema derecha de cara al próximo mandato presidencial. El indulto a Antauro Humala por parte de Pedro Castillo significaría más bien el triunfo de un ideario de izquierda radical ultra-nacionalista que disfrazado de “etnocacerismo” emergió desde los cuarteles del Ejército en la postguerra con el objeto de iniciar un proceso revolucionario antisistema que prometía hacer uso de las armas y condenar a la muerte a la “putrefacta clase política”, razón por la cual luego del “Andahuaylazo”(11) fue condenado a prisión y reivindicado por sus bases como “preso político”(12). Por todas estas significaciones y sus implicancias, la sola evocación a estos inminentes indultos estaría hoy mismo removiendo ideológica y emocionalmente a los miembros de las instituciones policiales y castrenses.
Las uniformadas y los uniformados, claro está, tienen memoria, aunque en absoluto esta sea homogénea y mucho menos manipulable contra todo lo que muchos opinólogos erróneamente especulan. Por ello, resulta ingenuo pensar que a estas alturas de la crisis democrática -desatada a consecuencia de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la sucesiva “guerra política” entre el Parlamento y el Ejecutivo desde el 2018 al presente- tanto policías como militares en actividad hayan pasado la página respecto al nefasto accionar de la clase política que gobierna el país y principalmente sobre los terrorismos que soportaron y envolvieron a sus instituciones en las últimos 30 años, esto es los cometidos por el Estado y las organizaciones terroristas. Siendo así, Fujimori y Castillo, no son capaces de calcular hoy las consecuencias – por encontrarse obnubilados en la conquista del poder- de estar movilizando pasivos históricos de gran frustración al interior de las fuerzas del orden que una vez llegado al sillón presidencial no podrían contener.
Al interior de los cuarteles y dependencias policiales existen pues marcadas y complejas relaciones de alteridad definidas por la antigüedad, grados, experiencias de combate, clase social y hasta etnicidad que definen los sentidos de identidad y pertenencia institucional de los uniformados, al mismo tiempo que intervienen inevitablemente en sus preferencias o aversiones políticas cuando les corresponde -como ahora- convertirse en electorado. El profundo desconocimiento de la cultura militar y policial de la postguerra interna en el Perú, hace creer a la sociedad -muchas veces equivocadamente- que la única amenaza de intervención de las fuerzas del orden en crisis democráticas como la que vive actualmente el país- podría emerger exclusivamente del interior de los uniformados en situación de actividad, cuando no se toma en cuenta la existencia de más medio de millón de excombatientes contraterroristas de todos los grados y rangos militares políticamente activos y organizados a nivel nacional. Incluso muchos de ellos se encuentran legislando en el actual parlamento y hasta se presentaron como candidatos presidenciales y congresales en la primera vuelta.
El predominio de la memoria civil y sus hondos desencuentros frente a la memoria militar con relación a la historia política del pasado reciente y más precisamente respecto a la guerra contraterrorista, tienden a ocultar con recurrencia las disidencias que subyacen. La memoria de la violencia terrorista en el seno de las dependencias militares policiales no es monolítica, se construyen, disputan, mantienen y se difunden intergeneracionalmente. Y, en ella intervienen, además del personal actividad y retiro, fundamentalmente los excombatientes y la gran comunidad endógena que lo sostiene emocionalmente: la familia militar-policial.
De modo que, si existe otro factor que los candidatos presidenciales hoy soslayan, es la existencia de grandes demandas de postguerra entre generaciones de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, frustraciones y resentimientos que exacerbados aún influirían indudablemente en su actuación de llegarles la orden de Palacio de Gobierno de apuntar las armas contra el próximo “enemigo interior”. La paz en el Perú tendría entonces las horas contadas y no necesariamente amenazada por quienes porten las armas del Estado si no de quién tenga el poder de ordenar su empleo. Ello dependerá de cuan perversas sean las decisiones del próximo Jefe de Estado, de los líderes y representantes de los partidos en la guerra política que está por venir.
(*) Carla Granados: Historiadora y candidata al doctorado en Historia del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL-CREDA) -Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Especialista en los estudios de memoria de los veteranos de guerra en el Perú.
(1) https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/198518/Constitucion_Politica_del_Peru_1993.pdf
(3) https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54916840
(7) https://noticiasser.pe/una-estrategia-de-guerra
(8) “Mensaje de Keiko Fujimori: a las fuerzas armadas y policía nacional del Perú” (18.04.2021) Recuperado de: https://bit.ly/3vj6jSD Véase la crítica en La Mula recuperados de: https://bit.ly/3fffyhe
(10) Sobre racismo a policías y militares, véase: https://bit.ly/3yyYxX0
(11) https://lum.cultura.pe/cdi/documento/andahuaylazo-andahuaylazo
(12) Sobre el indulto de Antauro Humala véase: https://www.youtube.com/watch?v=yqdhrKVhZjQ; https://www.youtube.com/watch?v=xoEwuImaA00&t=1214s (minuto 00:20:00); https://www.youtube.com/watch?v=HxLL9a0_1hQ